La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el régimen de Nicolás Maduro, aprobó este jueves por unanimidad la controvertida Ley Libertador Simón Bolívar, que contempla inhabilitaciones políticas de hasta 60 años para quienes apoyen o supuestamente respalden sanciones internacionales contra el país.
La normativa establece severas medidas, como la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la prohibición de postularse a elecciones, la destitución inmediata de funciones, la confiscación de bienes y juicios en ausencia. Además, se estipulan penas de entre 25 y 30 años de prisión para quienes promuevan o participen en actos calificados como “agresiones” contra la nación.
La ley representa un nuevo paso del régimen para restringir las actividades de opositores y organizaciones no gubernamentales, intensificando la censura en medios tradicionales y digitales.
Según el texto, medios de comunicación que difundan mensajes relacionados con sanciones podrán enfrentar multas multimillonarias o la revocación de sus concesiones.
Por ejemplo, las sanciones económicas pueden alcanzar el equivalente a entre 49 y 51,7 millones de dólares, dependiendo del tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Venezuela.
La legislación se suma a un creciente número de medidas represivas tras las elecciones presidenciales de julio, en las que Maduro fue proclamado vencedor en medio de acusaciones de fraude y falta de transparencia por organismos internacionales como Naciones Unidas y el Centro Carter.
El instrumento legal entrará en vigor tras su promulgación por el presidente Maduro y su publicación en la Gaceta Oficial. Antes, será enviado a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, conocido por su alineación con el régimen, para evaluar su constitucionalidad, según informó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.
Esa ley es prácticamente un cerrojo para cualquier disidencia en Venezuela.