El Gobierno argentino anunció este jueves la declaración de una emergencia ígnea en cuatro provincias de la Patagonia, como respuesta a los incendios forestales que desde el inicio del verano austral han devastado decenas de miles de hectáreas de bosques y áreas naturales.
La medida, impulsada por la administración del presidente Javier Milei, abarcará a Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, y será formalizada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que se publicará este viernes. El objetivo es acelerar la coordinación entre organismos nacionales y provinciales para reforzar las tareas de combate del fuego.
La provincia más afectada es Chubut, donde las llamas han consumido al menos 45,000 hectáreas, con especial impacto en el Parque Nacional Los Alerces, que registra unas 20,000 hectáreas dañadas. Cientos de brigadistas trabajan en la zona para evitar que el fuego avance hacia áreas pobladas, especialmente en localidades cercanas como Cholila.
Desde el Ejecutivo nacional, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó que la declaración de emergencia permitirá optimizar recursos humanos, logísticos y financieros. En ese sentido, el Gobierno destinó recientemente unos 87 millones de dólares para reforzar a los cuerpos de bomberos voluntarios y a los equipos de emergencia.
Las lluvias registradas en los últimos días han brindado un alivio parcial, facilitando el trabajo de los brigadistas, aunque las autoridades advirtieron que las condiciones climáticas —altas temperaturas y fuertes vientos— siguen siendo favorables para la propagación del fuego.
Actualmente, cerca de 450 brigadistas, apoyados por 19 medios aéreos, continúan las labores de contención, principalmente mediante la construcción de cortafuegos para impedir la expansión de los incendios hacia zonas habitadas.
El Servicio Nacional de Manejo del Fuego mantiene la alerta roja en la región patagónica y advierte que el riesgo de nuevos focos sigue siendo elevado. La emergencia fue declarada tras reiterados reclamos de los gobernadores de la región, ante la magnitud de los daños ambientales y el riesgo para las comunidades locales.
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