La organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH) denunció el lunes que al menos 427 personas han muerto bajo custodia del Estado salvadoreño desde el inicio del régimen de excepción en marzo de 2022, una medida adoptada por el Gobierno para combatir a las pandillas.
“Lamentamos informar que la cifra de muertes en centros penales sube a 427”, publicó la ONG en su cuenta oficial en X (antes Twitter), señalando que las víctimas eran personas detenidas sin condena. De acuerdo con el SJH, el 94 % de los fallecidos “no tenían perfil de pandilleros”.
La organización advirtió que el número real podría ser aún mayor, superando los 1,000 casos, y que existe preocupación por presuntos intentos de ocultar estas muertes en los llamados “juicios masivos”.
En 2023, la Asamblea Legislativa —de mayoría oficialista— aprobó una reforma que permite procesar de forma colectiva a grupos acusados de pertenecer a pandillas, eliminando los procesos individuales. Hasta la fecha, no se ha emitido ninguna sentencia bajo este esquema, el cual ha sido duramente cuestionado por organismos nacionales e internacionales por vulnerar el derecho al debido proceso.
El régimen de excepción fue aprobado inicialmente en marzo de 2022 tras una ola de homicidios que dejó más de 80 muertos en tres días. Desde entonces, ha sido prorrogado 40 veces por periodos consecutivos de 30 días a petición del Gobierno del presidente Nayib Bukele.
Según cifras oficiales, se han producido más de 87,100 detenciones, de las cuales alrededor de 8,000 corresponderían a personas inocentes, conforme ha reconocido el propio Ejecutivo.
Las organizaciones humanitarias han documentado más de 6,400 denuncias por violaciones a derechos humanos en este contexto. Las principales incluyen:
• Detenciones arbitrarias
• Torturas
• Desapariciones de corta duración
Distintos analistas y grupos de derechos humanos han advertido que el régimen se ha extendido por más de tres años y es utilizado como un mecanismo de control social, así como para acallar a voces críticas del Gobierno.
Una cosa es meter mano contra las bandas y otra es violar derechos humanos como si nada
Cómo es posible que más del 90 % no eran pandilleros ahí hay algo muy turbio
Eso está fuerte 427 muertos sin condena eso no es justicia eso es abuso con uniforme