Comenzó en Argentina la supervisión en cadenas de supermercados para certificar el cumplimiento del congelamiento de precios de más de 1.400 productos de consumo masivo, respaldada por asociaciones de consumidores. Los grandes hipermercados, las cámaras empresariales y la oposición negaron que la medida sirva como paliativa a la inflación.
La Secretaría de Comercio Interior de Argentina puso en marcha una nueva herramienta de emergencia económica para influir en el poder adquisitivo sobre la canasta básica: el congelamiento de los precios de 1.432 productos alimenticios e higiénicos de consumo masivo, retroactivo a valores del 1 de octubre y por 30 días, por lo pronto.
Se trata de una nueva extensión del programa de Precios Cuidados programa que establece un valor de referencia para ciertos insumos en supermercados minoristas, autoservicios y supermercados mayoristas.
Pero esta vez, ante las críticas de las grandes productoras de alimentos —como Ledesma, Arcor y Molinos—, el Gobierno se reunió con gobernadores y recibió el apoyo de intendentes municipales y de organizaciones populares para coordinar el relevamiento presencial para certificar el cumplimiento.
