El Congreso Nacional de Honduras recibió un proyecto de Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano que declara el Estado de Emergencia Fiscal y Financiera en las finanzas públicas por un período máximo de 24 meses, con el propósito de frenar el deterioro de las cuentas estatales y proteger la provisión de servicios esenciales.
La iniciativa establece que la declaratoria no implica suspensión de derechos fundamentales ni cambios al orden constitucional, ya que se limita estrictamente al ámbito fiscal y financiero, bajo controles y con responsabilidades administrativas, civiles y penales en caso de abuso.
En los últimos cinco años, los embargos contra el Estado han acumulado cerca de 10,000 millones de lempiras, equivalente a un promedio anual de 2,000 millones. El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, advirtió que solo en los últimos 15 días las demandas judiciales ya superan los 3,000 millones de lempiras contra el Tesoro General, señalando que la situación, aunque de larga data, se ha agravado recientemente.
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