La economía de Costa Rica mantendrá un crecimiento sólido en 2025, con una expansión prevista del 4,2 %, pero enfrentará un freno importante en 2026. La OCDE advierte que el país sufrirá una desaceleración hasta el 3,5 %, impulsada principalmente por los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos a las exportaciones costarricenses.
El organismo explica que la demanda externa comenzará a debilitarse debido al incremento del 10 % en las tarifas a las exportaciones hacia el mercado estadounidense, mientras que el consumo interno seguirá mostrando resiliencia. Para 2027, la proyección apunta a un crecimiento de apenas 3,4 %, afectado por una caída en la inversión y en las exportaciones netas ante la incertidumbre económica global.
La OCDE señala además que esta situación limitará el ingreso de inversión extranjera directa, sumada a la restricción del gasto público impuesta por la regla fiscal. El panorama podría complicarse aún más si Estados Unidos decide aumentar también los aranceles a los dispositivos médicos, el principal rubro exportador del país, actualmente bajo investigación.
En 2025, el crecimiento económico avanzó a buen ritmo con un promedio del 4,4 % en los primeros tres trimestres, y se prevé que cierre en 4,2 %, cifra similar a la de 2024. La inflación se mantendrá baja, con estimaciones del 0,8 % para 2026 y 2,1 % para 2027.
En el frente fiscal, las proyecciones oficiales apuntan a un déficit financiero del 3,3 % del PIB para 2026 y una reducción de la deuda pública hasta el 59,5 % del PIB ese mismo año. La OCDE insta al país a continuar diversificando mercados, fortalecer puertos —sobre todo en el Pacífico—, modernizar la formación educativa hacia áreas tecnológicas y científicas, y abrir más espacio al sector privado en la generación eléctrica.














Si ya la ley deja meter nuevas entidades de riesgo entonces los partidos no tienen excusa pa quedarse fuera del escrutinio
Eso de modificar la ley es bulto porque si el artículo 33 lo permite entonces lo que falta es voluntad no papel nuevo
El Centro Juan XXIII dejó claro que no hay que cambiar ley ninguna que la misma normativa ya permite meter a los partidos en el lío del antilavado