República Dominicana.- La defensa del exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial Gonzalo Castillo sostuvo este viernes que el Ministerio Público contaba desde enero de 2022 con información suficiente para investigar presuntas irregularidades vinculadas al Seguro Nacional de Salud (Senasa), pero no actuó en ese momento, lo que, a su juicio, evidencia una actuación selectiva del órgano acusador.
Durante la audiencia preliminar del caso Calamar, celebrada en el Cuarto Juzgado de la Instrucción, la abogada Laura Acosta cuestionó el manejo que el Ministerio Público ha dado a los expedientes relacionados con el empresario José Pablo Ortiz, testigo clave de la acusación en el caso Calamar y posteriormente vinculado al escándalo de supuesta corrupción en Senasa.
Acosta recordó que, de acuerdo con el expediente del caso Senasa, Ortiz habría recibido más de 529 millones de pesos como parte de un entramado irregular, recursos que presuntamente fueron canalizados a través de la empresa OGSS, constituida en 2020. Sin embargo, señaló que cuando Ortiz fue interrogado en 2022 por el Ministerio Público en el marco del caso Calamar, declaró poseer únicamente un apartamento y aseguró no tener empresas ni bienes a nombre de terceros.
Según la defensa, el Ministerio Público ya tenía conocimiento de la existencia de la empresa OGSS desde enero de 2022, pero no profundizó en la situación patrimonial de Ortiz ni cuestionó de manera exhaustiva sus declaraciones financieras en ese momento.
“Si el Ministerio Público tenía esos elementos desde hace tres años, pudo haber investigado el caso Senasa con antelación”, afirmó Acosta, quien calificó la actuación del órgano persecutor como un ejemplo de “justicia selectiva”.
La abogada advirtió que la diferencia en el tratamiento de ambos casos pone en duda la imparcialidad del proceso y sostuvo que el estándar de investigación debe aplicarse de manera uniforme. “Cuando la persecución penal se ejerce de forma selectiva, deja de ser justicia”, enfatizó.
Estas declaraciones se produjeron en el contexto de la audiencia preliminar, en la que el tribunal deberá decidir si Gonzalo Castillo y los demás imputados en el caso Calamar serán enviados o no a juicio de fondo. El Ministerio Público acusa a los implicados de integrar una supuesta red que habría defraudado al Estado dominicano con más de RD$19,000 millones.
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