Caracas.– La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes el cierre definitivo del Helicoide, uno de los centros de detención más emblemáticos y controvertidos del país, junto con la solicitud al Parlamento de aprobar una ley de amnistía general para personas vinculadas a hechos de violencia política.
El anuncio se produjo a menos de un mes de que Rodríguez asumiera el poder, tras la captura del expresidente Nicolás Maduro durante una incursión militar estadounidense ocurrida el pasado 3 de enero. Desde entonces, la mandataria ha impulsado una serie de cambios en el Ejecutivo y ha iniciado un proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, interrumpidas desde 2019.
Durante su discurso en la apertura del año judicial, celebrada en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, Rodríguez solicitó a los legisladores la aprobación urgente de una amnistía que abarque “todo el período de violencia política desde 1999 hasta la actualidad”, sin ofrecer mayores detalles sobre su alcance.
Asimismo, ordenó transformar el Helicoide —sede histórica de los servicios de inteligencia y señalado por organizaciones de derechos humanos como un centro de torturas— en un espacio “social, deportivo, cultural y comercial”, destinado tanto a la familia policial como a las comunidades cercanas.
Según la ONG Foro Penal, Venezuela registra actualmente más de 700 presos políticos, muchos de ellos recluidos en el Helicoide. Desde principios de enero, unas 300 personas han sido excarceladas como parte de un proceso gradual anunciado por el nuevo gobierno.
Familiares de detenidos celebraron el anuncio frente a distintos centros de reclusión en Caracas, aunque insistieron en que la medida debe traducirse en liberaciones concretas. “Mientras quede uno preso, esto no termina”, se leía en una pancarta colocada en las inmediaciones del Helicoide.
Rodríguez precisó que quedarán excluidos de la amnistía quienes estén procesados o condenados por homicidio, narcotráfico, corrupción o violaciones graves a los derechos humanos. Además, llamó a evitar “la venganza y el odio” tras las excarcelaciones.
La líder opositora María Corina Machado afirmó que estas decisiones responden a la presión internacional, particularmente de Estados Unidos, y sostuvo que el proceso “no es voluntario”. En tanto, organizaciones de derechos humanos advirtieron que cualquier amnistía debe evitar convertirse en un mecanismo de impunidad.
El anuncio marca la segunda amnistía en casi tres décadas de gobiernos chavistas y se produce en medio de un debate más amplio sobre la necesidad de una reforma profunda del sistema judicial venezolano.
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