Unos 400 casos de presunto abuso sexual, así como delitos contra la libertad y la seguridad colectiva, motivaron al defensor del Pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc González, a presentar este martes una denuncia ante la Procuraduría General. Estos casos reflejan la situación de violencia que sufren los migrantes que cruzan la selva del Darién.
En su propuesta para investigar las situaciones de violencia que enfrentan los migrantes en la región fronteriza entre Panamá y Colombia, Leblanc González subrayó que no se trata únicamente de un problema de su país.
«Colombia y su Ejército deben tomar control también de la frontera», expresó. Detalló que los presuntos delitos sexuales no se limitan solo a la zona del Darién, sino que afectan a la selva colombo-panameña.
«No podemos afirmar que todos ocurren en Darién. Aunque muchos de los formularios no incluyen el nombre o distinción de la víctima, sin lugar a duda, proporcionan un pequeño indicio de que se está llevando a cabo una actividad criminal, es decir, crimen organizado», sostuvo el funcionario.
Por ello, afirmó que es necesario que los demás países de la región «protejan a sus ciudadanos y a las personas que están en el flujo migratorio».
