República Dominicana. – La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), junto a la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República (CGR), remitió este jueves a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe técnico que documenta la existencia de una estructura organizada de proveedores dedicada a manipular procesos de contrataciones públicas mediante prácticas fraudulentas, extorsiones e incluso vínculos con funcionarios estatales.
El documento —resultado de un análisis exhaustivo del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) y de otras fuentes— revela la actuación coordinada de varias empresas que habrían utilizado distintas razones sociales para simular competencia, repartirse adjudicaciones y excluir a oferentes legítimos, distorsionando la libre competencia y afectando la igualdad de participación.
Entre las compañías señaladas figuran Empresas Integradas SAS, Inversiones Qtek SRL y Tingley Business SRL, junto a otras asociadas, todas con patrones coincidentes de rotación de adjudicatarios y concentración de contratos en sectores específicos del mercado público.
El informe también recopila testimonios de proveedores amenazados y extorsionados para desistir de adjudicaciones, lo que refuerza la hipótesis de una estructura organizada para manipular procesos y obstaculizar la transparencia.
Según la DGCP, las conductas detectadas violan los principios de igualdad y libre competencia contemplados en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, y podrían configurar actos colusorios y delitos penales. El organismo informó además que remitirá el expediente a ProCompetencia para una investigación sobre posibles acuerdos ilegales y manipulación del mercado.
El director de la DGCP, Carlos Pimentel, calificó el informe como un paso firme hacia la protección de los recursos públicos.
“Estas prácticas atentan contra la libre competencia, la igualdad de oportunidades y el patrimonio del Estado. Hemos remitido toda la información a las autoridades para que actúen conforme a la ley”, enfatizó.
De su lado, Leónidas Peña, coordinador de la Unidad Antifraude de la CGR, explicó que el análisis permitió detectar patrones de colusión, intercambio de roles y uso de información privilegiada, gracias al uso de herramientas analíticas avanzadas y trazabilidad de datos.
Entre las medidas implementadas por la DGCP destacan el monitoreo constante de los procesos de contratación, la presencia de oficiales de cumplimiento, y la emisión de la circular DGCP44-PNP-2025-0008, que elimina la exigencia de la “carta de autorización del fabricante”, utilizada por algunos oferentes para limitar la competencia.
Con esta investigación, las autoridades de control buscan cerrar el cerco a las estructuras que se enriquecen del dinero público a través de licitaciones simuladas. El informe marca un precedente en la detección temprana de fraudes mediante el uso intensivo de datos y coordinación interinstitucional, en lo que podría convertirse en uno de los casos más reveladores de colusión empresarial en contrataciones públicas del país.
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