Tras la firma del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur, prevista para este sábado en Asunción, el tratado inicia ahora una fase compleja y prolongada: su ratificación política y parlamentaria. Aunque el pacto representa uno de los mayores entendimientos birregionales en materia comercial, su entrada en vigor plena dependerá de un entramado institucional que involucra tanto a la Eurocámara como a los parlamentos nacionales de los Estados miembros.
La Comisión Europea optó por una arquitectura jurídica que divide el acuerdo en varios componentes. El capítulo estrictamente comercial, considerado competencia exclusiva de la UE, podrá aplicarse de manera provisional una vez obtenga el aval del Parlamento Europeo, sin necesidad de ratificación nacional. Esta vía permitiría acelerar la puesta en marcha del libre comercio entre ambos bloques.
Sin embargo, el acuerdo de asociación en su conjunto —que incluye compromisos políticos y de cooperación— deberá ser ratificado por los 27 parlamentos nacionales de la UE, además de los órganos legislativos de los países del Mercosur. Solo cuando todos completen este proceso, el tratado entrará plenamente en vigor y sustituirá al acuerdo comercial interino.
En el Parlamento Europeo, el camino tampoco está despejado. El texto deberá pasar primero por las comisiones de Comercio Internacional y de Asuntos Exteriores antes de someterse al voto del pleno. La falta de una línea común entre los grupos parlamentarios anticipa una votación ajustada, marcada por divisiones nacionales. Delegaciones como la francesa y la polaca ya han expresado una fuerte oposición, principalmente por el impacto del acuerdo en el sector agrícola.
A estas resistencias se suman grupos políticos que han anunciado su rechazo frontal, como los Verdes, la Izquierda y Patriotas por Europa, formación que incluso ha impulsado una moción de censura contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por su respaldo al tratado.
La ratificación podría enfrentar además un obstáculo jurídico. El Parlamento Europeo debatirá una resolución para solicitar al Tribunal de Justicia de la UE un dictamen sobre la legalidad del mecanismo de reequilibrio del acuerdo y sobre la base jurídica que permite su aprobación parcial sin intervención de los parlamentos nacionales. De prosperar esta iniciativa, el proceso quedaría en suspenso hasta que la corte europea se pronuncie.
Mientras tanto, algunos gobiernos ya anticipan posibles acciones legales. Polonia, por ejemplo, ha anunciado que recurrirá al Tribunal de Justicia para frenar el acuerdo y proteger a su sector agrícola. Otros países, como Austria, mantienen una oposición firme desde sus parlamentos nacionales.
En este escenario, el acuerdo UE-Mercosur avanza, pero lo hace sobre un terreno político fragmentado. Aunque el comercio podría comenzar a aplicarse de forma provisional, la ratificación completa del pacto podría tardar años y dependerá de superar resistencias internas, disputas legales y complejos equilibrios políticos dentro de la Unión Europea.
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