A dos años de su firma, el fondo humanitario acordado entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana sigue sin ejecutarse, dejando en el limbo los recursos destinados a atender la crisis social del país.
El mecanismo, que sería administrado por la ONU y financiado con fondos congelados del Estado venezolano, prometía mejorar áreas como salud, alimentación e infraestructura. Sin embargo, su implementación ha estado marcada por obstáculos legales, disputas políticas y la falta de voluntad del gobierno para activar los fondos.
Mientras tanto, la crisis humanitaria en Venezuela se agrava. A pesar de los anuncios de la ONU en 2023 sobre la inminente ejecución del fondo, el dinero nunca se desbloqueó, y el organismo ha continuado operando con recursos propios.
La falta de avances ha generado frustración entre los sectores más vulnerables del país, que siguen dependiendo de la asistencia limitada de organismos internacionales. En paralelo, las negociaciones políticas en Barbados y las disputas electorales han desviado la atención del compromiso humanitario, dejando el acuerdo en el olvido.
El escenario político venezolano ha complicado aún más la situación. Tras las elecciones presidenciales de 2024, en las que Maduro se declaró ganador en medio de denuncias de fraude, la comunidad internacional ha intensificado la presión sobre su gobierno.
Sin embargo, el fondo humanitario sigue sin avances concretos, lo que refuerza la percepción de que su creación fue más una estrategia política que un compromiso real con la población.
Dos años después, millones de venezolanos siguen esperando la ayuda prometida, mientras el acuerdo permanece estancado.
