República Dominicana. – Miembros de la Policía Nacional, junto al Ejército de República Dominicana (ERD) arrestaron en las últimas 72 horas en el municipio de Neyba, provincia Bahoruco, a 42 nacionales haitianos que residían en distintos sectores de esa demarcación con el estatus migratorio irregular.
La detención de los extranjeros se llevó a cabo a raíz de un amplio operativo que realizaron las autoridades policiales y militares en distintos sectores de dicho municipio, logrando varios de ellos emprender la huida.
Los detenidos estaban falta de las documentaciones correspondientes que avalen su estatus legal para transitar de manera normal en el territorio dominicano, en franca violación de lo establecido en la Ley migratoria No. 285-04.
Los indocumentados en las próximas horas serán enviados ante la Dirección General de Migración, para fines de ser repatriados a su país natal.
Es frustrante que el juicio se divida por razones logísticas. La eficiencia no debería sacrificar la justicia.
La decisión del juez beneficia a Trump, pero también garantiza un proceso más justo. La verdad debe prevalecer.
La Fiscalía no logró su objetivo de un juicio conjunto. La defensa de Trump se fortalece con esta decisión.
La separación del juicio es una medida razonable para garantizar un proceso justo. Todos merecen un juicio imparcial.
Es lamentable que tantos nacionales haitianos estén en situación migratoria irregular en República Dominicana. La ley debe aplicarse, pero con humanidad.
La colaboración entre la Policía y el Ejército es crucial para mantener el control migratorio. Se deben respetar los procedimientos legales.
La detención de 42 personas en Neyba es un recordatorio de la necesidad de una inmigración legal. La ley debe ser cumplida.
Es positivo que las autoridades estén tomando medidas para abordar la migración irregular. Esto fortalece el cumplimiento de la ley.
La huida de varios detenidos muestra la complejidad de la situación migratoria. Se necesita una solución más amplia.
La falta de documentación adecuada es una violación de la ley migratoria y debe tratarse con seriedad.
Apoyo la aplicación de la Ley migratoria No. 285-04 para garantizar un control migratorio efectivo.
La repatriación debe llevarse a cabo de manera justa y humanitaria. Los derechos de los individuos deben ser respetados.
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