Confieso, de entrada, que se hizo un gran esfuerzo orientado a hacer realidad la respuesta deseada al cuestionamiento que aparece en el título. Se intentó, pero en general no se logró, solo en contados casos. Veamos un poco de historia.
En 1970 la ingeniería agronómica estaba en ciernes en nuestro país. Apenas había algunos egresados de universidades del exterior y los primeros graduados de la UASD, muchos de los cuales fueron enviados al exterior a cursar especialidades para luego seguir carrera como docentes en la misma academia. Sin embargo, la agronomía como tal estaba en auge desde la década de los sesenta y eso originó que, además de la Escuela de la UASD, surgieran facultades y carreras de ingeniería agronómica en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), el programa ISA-PUCMM y más tarde en la Universidad Central del Este (UCE), entre otras.
Al inicio de los años 70 ya teníamos muchos agrónomos con formación técnica de nivel medio en el país, egresados unos del Instituto Politécnico Loyola de San Cristóbal, otros de la Escuela Agrícola de Dajabón (Maestros en Cultivos), también de la Escuela Agrícola Salesiana de Moca y del Instituto Superior de Agricultura (ISA). El interés por la agronomía era tal que ya se sentía interés de clase, y vimos surgir en ese año la Asociación Nacional de Profesionales Agrícolas (ANPA), que más tarde se llamaría de Profesionales Agropecuarios para aceptar como miembros a otros técnicos y profesionales que trabajaran en el sector.
A pesar de que la ANPA fue liderada en sus primeros años por técnicos de gran calidad que luego asumirían posiciones cimeras en el liderazgo nacional, como fueron los casos de Carlos Aquino González, Hipólito Mejía Domínguez, Rafael Martínez Richiez, Ramón Almánzar, Manuel Vargas Payano, Fernando Durán y Lázaro Guzmán, entre otros, el hecho de que dicha organización centrara su actuación desde el principio en luchas gremialistas reivindicativas provocó que los egresados de las primeras promociones de ingenieros agrónomos, principalmente de la UASD y del programa ISA-PUCMM, pensaran que el nivel universitario que ostentaban les podía abrir un camino diferente y mejor.
Fue así que en el año 1978 se inició un proceso para reunir a los ingenieros agrónomos en una organización presumiblemente de mayor nivel, con objetivos que abarcaban la defensa del ejercicio profesional y el crecimiento individual e independiente. Es decir, se estaba mirando más allá de la consecución de un simple empleo en cualquiera de las principales entidades sectoriales del Estado (SEA, IAD, INDRHI, CEA, Foresta, Instituto del Tabaco, Instituto del Algodón, etc.), que en la práctica era el interés de la gran mayoría al graduarse. Después de un largo período de discusiones, en el año 1980 surgió la Asociación Dominicana de Ingenieros Agrónomos (ADIA).
Nos reuníamos y hablábamos de trabajar en el fomento de cooperativas y de crear empresas campesinas de reforma agraria, donde el Estado asignaría en propiedad una parcela por técnico en cada asentamiento campesino para que este, con sus conocimientos, mostrara cómo mejorar la producción y la productividad. Algunos ingenieros agrónomos se atrevieron a involucrarse en el desarrollo de empresas propias que, en la mayoría de los casos, no tuvieron éxito debido a la ausencia de programas de apoyo del gobierno para profesionales nuevos y de extracción humilde que requerían empuje.
Los afanes que algunos teníamos por hacer de la ingeniería agronómica, con su amplio currículo de formación universitaria, una profesión liberal y abierta por completo a los servicios que requería el desarrollo empresarial agropecuario, encontraron puertas que no se aprovecharon.
Uno de los pensadores más brillantes, forjadores de la ADIA, lo fue el Ing. Omar Domínguez Aquino, con quien el autor de estas líneas –primer presidente de dicha organización– tuvo el honor de trabajar codo a codo en todo el proceso. Consiguió que la plana mayor de la Financiera Dominicana, encabezada por el Ing. Tomás Pastoriza (Jimmy) y los señores Mario Cabrera, Ernesto Vitienes, Enrique Armenteros, Roberto Bonetti y Juan B. Vicini (Gianni), prestaran atención a estos jóvenes profesionales que buscaban alternativas para insertarse en la economía. En honor a la verdad, lo hicieron, ofreciendo apoyo financiero a las iniciativas empresariales agropecuarias viables que surgieran desde la ADIA. Pocos supieron aprovechar esa oportunidad, y me incluyo.
Ya en los años 90, y específicamente en las oportunidades que tuve de administrar el Banco Agrícola, quisimos rescatar aquellas ideas iniciales que se originaron en la ADIA y que pudieron hacer de la agronomía una profesión liberal, introduciendo mecanismos de contratación de servicios de asistencia técnica independiente, permitiendo partidas crediticias para tales fines dentro de los planes de financiamiento. Todos los gremios de técnicos y profesionales agropecuarios y forestales fueron invitados para que se hicieran eco de la disposición. Una sola voz, la del Ing. Danilo Severino, quien ha presidido tanto a la ADIA como a la ANPA, aplaudió la medida.
El Directorio Ejecutivo del Banco aprobó el 10 de octubre de 1996 un “Convenio de intención para realizar el estudio de factibilidad de un sistema de asistencia técnica a prestatarios del Banco Agrícola”.
El 13 de noviembre de 1996 el Directorio Ejecutivo del Banco aprobó, entre otros servicios, el de asistencia técnica a través de la preparación y seguimiento de proyectos de desarrollo.
















“Tú ve’… ahí es que uno se da cuenta que querer no es poder.”
“Mucho esfuerzo, poca efectividad… el cuento de nunca acabar aquí.”
“Ay mi madre, eso suena a que metieron mano pero na’, la vaina no cuajó.”