El expresidente boliviano Evo Morales ha denunciado que el gobierno de Luis Arce orquestó un plan para inhabilitarlo políticamente, utilizando el sistema judicial como herramienta de persecución.
Según Morales, las declaraciones recientes del exministro de Justicia, Iván Lima, confirman la existencia de una estrategia oficial para impedir su candidatura presidencial y debilitar su liderazgo dentro del Movimiento al Socialismo (MAS).
El exmandatario ha presentado estas declaraciones como prueba ante la comunidad internacional, argumentando que ha sido víctima de un “linchamiento mediático y judicial” promovido desde el poder.
Morales enfrenta una orden de aprehensión por un caso de trata agravada de personas, además de haber sido declarado en “rebeldía” por no presentarse a una audiencia judicial.
Desde octubre, permanece en el Trópico de Cochabamba, su bastión político, bajo el resguardo de sus seguidores. Su equipo legal sostiene que estos procesos forman parte de un “plan negro” del gobierno para impedir su regreso al poder.
La crisis interna en el MAS se agudizó cuando el Tribunal Constitucional reconoció a Grover García, afín al gobierno, como el líder oficial del partido, dejando a Morales sin el control de la agrupación que dirigió por casi 30 años.
En respuesta a su exclusión política, Morales y sus seguidores buscan una alternativa para presentarse en las elecciones de 2025 con un nuevo partido.
La ruptura entre Morales y Arce, que comenzó en 2021, ha llevado a una lucha constante por el control del MAS y la dirección del país.
Mientras el gobierno de Arce intenta consolidar su liderazgo dentro del oficialismo, Morales sigue denunciando persecución y llamando a la movilización de sus bases. Su futuro político, sin embargo, dependerá del desenlace de los procesos judiciales y de su capacidad para mantener el respaldo popular.
