Madrid (EFE).- La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, aseguró este miércoles que el Gobierno aplicará todos los mecanismos necesarios para defender los intereses estratégicos de España después de que un grupo saudí haya comprado el 9,9 % de las acciones de Telefónica.
“Telefónica es evidentemente una empresa estratégica para nuestro país y desde el Gobierno aplicaremos todos los mecanismos que sean necesarios, teniendo siempre en mente y de forma prioritaria la defensa de los intereses estratégicos de España”; dijo Calviño en declaraciones a los medios de comunicación en Bruselas, donde participó en un evento y se reunirá con varios comisarios europeos.
La vicepresidenta destacó que el Ejecutivo ha reforzado desde 2018 los mecanismos para proteger los sectores e intereses estratégicos españoles y ahora está analizando “todos los elementos que determinan la aplicación de esos mecanismos”, como “el sector de actividad, su relación con la seguridad y defensa de España, la participación en el capital, el ejercicio de los derechos de voto y la participación en el Consejo de administración u otros órganos de decisión de la empresa”.
Calviño se pronunció así sobre la compra por parte de STC del 9,9 por ciento de Telefónica, hecho que le convierte en el primer accionista de la operadora española.
“La empresa se ha puesto en contacto con el Gobierno ayer y ha transmitido el carácter amistoso de la operación, ha expresado su intención de no proceder a la toma de control de la empresa y considera que esta operación tiene que ser interpretada en clave de apoyo al equipo directivo y la estrategia de Telefónica y apoyo a España”, explicó la vicepresidenta primera.
La vicepresidenta Calviño está en la dirección correcta al considerar cuidadosamente la situación y priorizar los intereses estratégicos de España.
La estrategia de apoyo al equipo directivo de Telefónica es razonable, siempre y cuando se salvaguarden los intereses del país.
España debe mantener un equilibrio entre la inversión extranjera y la protección de sus empresas estratégicas.
La intención de STC de no tomar el control total de Telefónica es un alivio, pero la vigilancia continua es esencial.
La comunicación entre Telefónica y el Gobierno sobre la operación es un paso positivo hacia la transparencia.
Es alentador ver al Gobierno español tomando medidas para salvaguardar los intereses nacionales en un contexto global.
Calviño destaca correctamente la importancia de evaluar varios factores al considerar la aplicación de mecanismos de protección.
La compra del 9,9% de Telefónica por STC plantea preocupaciones legítimas sobre la seguridad y la soberanía económica de España.
Nadia Calviño muestra determinación al afirmar que se aplicarán todos los mecanismos necesarios para proteger los intereses estratégicos.
Es esencial que el Gobierno defienda los intereses estratégicos de España ante la compra de acciones de Telefónica por un grupo saudí. La protección de empresas nacionales es primordial.
La protección de los intereses nacionales debe ser siempre una prioridad para cualquier Gobierno.
Espero que esta situación se resuelva de manera beneficiosa para Telefónica y España en general.
La comunicación entre la empresa y el Gobierno es fundamental para garantizar una comprensión mutua de la operación.
Será importante seguir de cerca cómo se desarrolla esta situación y cuáles son las medidas concretas que se toman.
El Gobierno debe actuar de manera firme y decidida para proteger los activos estratégicos de España.
La defensa de los intereses estratégicos de un país es esencial en la economía globalizada.
Es positivo que la empresa haya transmitido su intención de apoyar a Telefónica y no tomar el control de la empresa.
La compra de acciones por parte de STC es una situación que requiere una cuidadosa evaluación para garantizar la seguridad y la soberanía de España.
Nadia Calviño muestra liderazgo al asegurar que se utilizarán todos los mecanismos necesarios para defender los intereses del país.
Es alentador ver que el Gobierno está comprometido en proteger los intereses estratégicos de España frente a la compra de acciones de Telefónica.