Gobierno presume sostenibilidad, mientras el pueblo paga las cuentas

República Dominicana.– El Gobierno volvió a reafirmar su compromiso con un manejo “prudente, eficiente y sostenible” de la deuda pública. Un discurso que suena impecable en informes y reluce en titulares, pero que pierde brillo al cruzarlo con la vida real del país.

Según cifras oficiales, la deuda del sector público no financiero bajó del 56.9% del PIB en 2020 al 46.9% en 2025. Un logro, según el Ejecutivo, aunque Juan Ariel Jiménez, exministro de Economía, lo deja claro: esa disminución no es más que un efecto estadístico, producto del crecimiento del PIB tras la pandemia, no de una reducción real de la deuda. La deuda no bajó, simplemente el denominador subió.

Y sobre el tan repetido mantra de que el 80% de los préstamos se destinó a pagar deudas heredadas, Jiménez lo desmonta con datos: la mayor parte de los préstamos recientes financia gasto corriente —nóminas, subsidios, operaciones diarias— y no inversión pública. Es decir, más deuda para sostener el presente, y muy poca para construir el futuro.

El economista Richard Medina va aún más lejos y advierte sobre la gravedad de la situación: los intereses de la deuda se han convertido en el segundo mayor gasto del presupuesto, superando la mayoría de los ministerios y solo detrás de la educación. Entre 2020 y 2025, el 55% del endeudamiento se destinó a cubrir los gastos del propio Gobierno, generando un ciclo de endeudamiento improductivo. 

Medina pinta la imagen de un Estado que pide prestado para cubrir la tarjeta de crédito, no para invertir: “El país está gastando más de lo que produce. No hay ahorro público ni inversión productiva que justifique tanto préstamo”, afirma.

Mientras tanto, el Ejecutivo celebra las buenas notas de las agencias internacionales de riesgo. Fitch, Moody’s y S&P Global aplauden la estabilidad macroeconómica y la disciplina fiscal desde sus oficinas en Nueva York, pero en los barrios y comunidades la confianza se mide en facturas de luz, transporte, alimentos y salarios que no alcanzan.

Medina también cuestiona la idea de una reforma fiscal sin austeridad. “No se puede hablar de nuevos impuestos mientras el Gobierno sigue gastando igual o más”, señala. Y apunta que el déficit corriente que ha marcado este gobierno, sumado a los préstamos para financiar gasto corriente, pone en riesgo la sostenibilidad fiscal y compromete la inversión futura.

Así, mientras el Gobierno repite el mantra de la sostenibilidad como si bastara con pronunciarlo, la realidad fiscal del país sigue mostrando un cuadro menos glorioso: deuda creciente, intereses que devoran recursos y gasto corriente que no se traduce en desarrollo. La verdadera sostenibilidad no está en los gráficos de Hacienda ni en los comunicados a medios, sino en cómo la población percibe sus servicios, su salario y su futuro.

En definitiva, reducir la deuda en porcentajes puede sonar alentador, pero el país necesita más que cifras: requiere decisiones concretas que conviertan la prudencia financiera en bienestar real. Porque la deuda más peligrosa no es la que se reporta a agencias internacionales… sino la que seguimos acumulando sobre los hombros de los ciudadanos.

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