Puerto Príncipe.– El Gobierno de Haití expresó este miércoles su “profunda preocupación” por lo que califica como actos xenófobos contra ciudadanos haitianos en República Dominicana, especialmente por los presuntos malos tratos a mujeres embarazadas y lactantes.
A través de un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores haitiano informó que ha instruido a su embajador en Santo Domingo, Fritz Longchamps, a desplegar personal diplomático y consular en zonas consideradas sensibles, como Dajabón y Bávaro, con el objetivo de monitorear la situación y brindar asistencia a sus nacionales.
Asimismo, el Gobierno haitiano ordenó la organización de caravanas de repatriación voluntaria en condiciones dignas y seguras. Además, exigió a su embajada que reclame de forma sistemática el respeto a los derechos humanos de los haitianos en suelo dominicano, así como la apertura de investigaciones en los casos más graves.
“El Ministerio acoge con beneplácito toda acción solidaria, tanto en Haití como en el extranjero, que respete la ley y las convenciones internacionales en favor de nuestros compatriotas”, expresa el documento.
La Cancillería también reiteró su disposición al diálogo y llamó a los organismos de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y otros sectores a unir sus voces en defensa de los derechos de los haitianos, estén donde estén.
Por su parte, República Dominicana ha reforzado en los últimos meses su política migratoria, intensificando los controles fronterizos mediante la construcción de una verja perimetral, el uso de tecnología avanzada y el despliegue de miles de efectivos militares.
Desde octubre pasado, el país caribeño mantiene un amplio programa de deportaciones. Una de las medidas más criticadas ha sido la deportación de haitianos indocumentados desde hospitales públicos, tras haber recibido atención médica.
Tanto el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, como Amnistía Internacional han manifestado preocupación por estas acciones.
El Gobierno dominicano defiende estas medidas como parte de un plan para salvaguardar la seguridad nacional, ante la profunda crisis política, económica y de seguridad que atraviesa Haití.
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