El presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó una histórica reforma legislativa que aumenta significativamente las condenas por abuso infantil, elevando las penas a 15 y 20 años de prisión, con posibilidad de extenderse a 30 años según la gravedad del caso.
Peña destacó en su cuenta de X la trascendencia de esta ley:
“En Paraguay, la violencia contra nuestros niños no será tolerada bajo ninguna circunstancia. Hoy damos un paso crucial para proteger a nuestros niños y niñas y garantizar justicia para las víctimas.”
El ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, reveló que en Paraguay se denuncian anualmente unos 3,500 casos de abuso sexual infantil. Alarmantemente, el 82% de las víctimas son niñas, con un promedio de edad de nueve años, y los agresores suelen ser personas del entorno familiar, con una edad promedio de 27 años.
“El abuso sexual en niños se convierte ahora en el segundo delito con penas más severas en nuestro sistema penal, reafirmando nuestro compromiso con la justicia y la protección infantil,” señaló Gutiérrez.
La nueva ley también abarca la tipificación del delito de abuso sexual por medios tecnológicos, conocido como grooming. Este avance refuerza los esfuerzos del gobierno para combatir la explotación infantil en plataformas digitales.
Además, la implementación de la Guía de Prevención del Abuso Sexual Infantil permitió que en 2024 más de 70,000 niños, niñas y adolescentes fueran capacitados para identificar y prevenir situaciones de riesgo.
Con esta reforma, Paraguay se posiciona como el país con las penas más severas para abusadores infantiles en América Latina, marcando un precedente en la lucha contra estos crímenes.
Paraguay muestra firmeza contra el abuso infantil.
La educación también debe acompañar estas medidas legales.
Un avance en derechos y justicia para las víctimas.
Hasta 30 años parece justo para estos crímenes atroces.
La protección de los niños es prioridad nacional.
Este cambio podría disuadir a futuros agresores.
El abuso infantil debe enfrentarse con todo el peso de la ley.
La sociedad demanda justicia para los más vulnerables.
Las penas severas envían un mensaje claro contra el abuso infantil.
Un paso necesario para proteger a la niñez en Paraguay.