El Departamento de Estado de los Estados Unidos de América (EUA), en su reciente informe de El Salvador, hace graves señalamientos en temas de corrupción y acceso a la información pública en ese país y señala que las investigaciones penales sobre malversación de fondos y de negociación con pandillas que hizo la Comisión Internacional Contra la Impunidad y la Corrupción (CICIES) siguen estancadas.
«La ley establece sanciones penales para la corrupción, pero su implementación generalmente se percibe como ineficaz», afirmó la institución.
«Si bien El Salvador cuenta con leyes, regulaciones y sanciones para combatir la corrupción, su efectividad en ocasiones es cuestionable», añade el informe.
Sostiene que las investigaciones penales sobre malversación de fondos y de negociación de pandillas que hizo la CICIES se estancaron cuando la Fiscalía General de la República (FGR) terminó el acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA), que avaló el funcionamiento de la CICIES.
Otro punto que resaltan es que los escándalos del Estado «son comunes» y que han registrado acusaciones «creíbles de corrupción judicial». En este apartado, habla de las acusaciones contra tres expresidentes, un exfiscal, entre otros exfuncionarios de gobiernos anteriores. Y aunque dice que hay leyes que establecen sanciones penales para la corrupción, «su implementación generalmente se percibe como ineficaz».
Sobre estos señalamientos de corrupción hacia El Salvador, Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), explicó que el informe del Departamento de Estado está alineado a las sanciones que han impuesto a funcionarios de El Salvador en temas de corrupción, donde aún sigue «rampante».
