Un informe preliminar de la Policía haitiana señala que el 20 de junio, 17 días antes de su asesinato, un grupo armado pretendía ejecutar el secuestro del entonces presidente de Haití, Jovenel Moïse, en el aeropuerto de Puerto Príncipe, pero un cambio en su agenda impidió realizar la operación.
El informe, elaborado por las autoridades haitianas, la Policía deja asentadas sus presunciones sobre el magnicidio: la premeditación de los mercenarios colombianos en el plan de asesinato, los implicados sabían que iban a matar al mandatario, la participación de dos empresas con sede en EE.UU. y la complicidad del personal de seguridad del mandatario en los hechos porque, cuando se ejecutó el asalto a la residencia de Moïse, «la puerta principal estaba abierta».
Según la policía, hubo un comando integrado por seis personas, en el que participaron los fallecidos mercenarios colombianos Mauricio Javier Romero Medina y Duberney Capador Giraldo, que tenían la orden clara de «asesinar al presidente y buscar los dólares», que presuntamente se encontraban en la habitación del mandatario.
Un día antes del asesinato, el capitán retirado, el colombiano Germán Alejandro Rivera García, designado como jefe de la operación, les dio la orden de «asesinar a todas las personas que se encontraran en la casa». El comando se habría negado, porque supuestamente viajó a Haití para «cuidar a personalidades de la vida nacional y no a matar a nadie».
Pero Joseph Felix Badio, exfuncionario del Ministerio de Justicia y considerado unos de los autores intelectuales del asesinato, les informó que en el cuarto del mandatario había dos maletas y dos cajas con 45 millones de dólares. De ese dinero, recibirían 18 millones por «ejecutar la acción», lo que les habría empujado a aceptar perpetrar el crimen. Pusieron una condición: «solo darían muerte al presidente. A nadie más».
«Estaban tranquilos, hasta seguros de que serían protegidos por las autoridades de Haití, porque así se los habían afirmado. Por eso no huyeron de la isla», se enfatiza.
Sin embargo, a la salida de la residencia, la Policía Nacional abatió varios integrantes del comando, entre ellos Duberney Capador. El coronel Rivera García les dio la orden de dirigirse a la Embajada de Taiwán, donde finalmente al menos once integrantes fueron detenidos.
Una de las cosas que la Policía tiene pendiente esclarecer es la quema de tres de las camionetas, donde además de perderse varias pruebas, como el video del circuito cerrado que fue desactivado y extraído por uno de los comandos, también estarían «millones de dólares» que sacaron de la residencia.
