Un juez federal decidió este lunes archivar los procesos penales contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, al determinar que la fiscal responsable de presentar los cargos fue nombrada de manera irregular por el Departamento de Justicia bajo la administración Trump. La decisión detiene, por ahora, uno de los esfuerzos más visibles del expresidente para perseguir a figuras que han sido históricamente críticas de su gestión.
Las resoluciones, emitidas por la jueza Cameron McGowan Currie, representan un fuerte revés para la estrategia legal del equipo de Trump, que había colocado a Lindsey Halligan —una abogada sin experiencia como fiscal— al frente de la oficina federal en Alexandria, Virginia, con el propósito de impulsar los casos contra Comey y James.
Aunque la defensa de ambos buscaba una desestimación con perjuicio, que hubiera impedido reabrir los expedientes, la jueza optó por un archivo sin perjuicio, lo que deja una puerta abierta para que el Departamento de Justicia intente presentar los cargos nuevamente, si así lo decide.
La designación de Halligan ocurrió tras la salida forzada del fiscal interino Erik Siebert, en medio de presiones públicas de Trump para avanzar con acciones penales contra sus adversarios. Incluso el propio mandatario escribió en la red Truth Social: “HAY QUE HACER JUSTICIA YA”. Poco después, Halligan firmó las acusaciones que ahora fueron invalidadas.
Comey, un crítico constante de Trump desde su despido en 2017, había sido acusado de hacer declaraciones falsas y obstruir al Congreso. Letitia James, por su parte, estaba imputada en una investigación de fraude hipotecario, en medio de su histórico enfrentamiento con Trump por la demanda que condenó al expresidente por fraude civil.
La decisión de la jueza Currie vuelve a poner bajo la lupa la estrategia legal del gobierno federal y aviva nuevamente el debate sobre el uso político del sistema de justicia en Estados Unidos.
Esa decisión le cayó como un balde de agua fría a Trump
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