El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció el viernes que su gobierno envió una notificación oficial a Meta, dando un plazo de 72 horas para explicar las modificaciones recientes en sus políticas de verificación de información y manejo de noticias falsas. Según el mandatario, estas medidas podrían perjudicar a grupos vulnerables en el país.
Lula detalló a través de su cuenta en X que su gabinete realizó una reunión para evaluar las implicaciones de la nueva estrategia comunicada por el CEO de Meta, Mark Zuckerberg. Este planteó abandonar el sistema de ‘fact-checking’ en favor de las ‘notas de la comunidad’, similares a las implementadas en X (antes Twitter). Dicho enfoque ha sido criticado por su insuficiencia para frenar noticias falsas y contenidos de odio.
El gobierno brasileño también anunció la creación de un grupo de trabajo con participación del Legislativo, el Poder Judicial y la sociedad civil. Este equipo supervisará los efectos de las nuevas políticas, buscando equilibrar la libertad de expresión y la protección de los derechos fundamentales.
“Todas las empresas que operan en el país deben respetar la legislación y jurisdicción brasileña”, enfatizó Lula, reafirmando su compromiso con la regulación de las plataformas digitales.
El ministro jefe de la Procuraduría General de la Unión, Jorge Messias, recordó que un estudio del Instituto de Investigaciones Sociales, Políticas y Económicas (IPESPE) reveló que 7 de cada 10 brasileños apoyan la regulación de redes sociales.
Lula, por su parte, criticó la falta de sanciones para quienes cometen delitos a través de estas plataformas. “Es como si un ciudadano pudiera ser castigado por algo en la vida real, pero no recibiera sanción por hacer lo mismo digitalmente”, comparó, calificando las nuevas medidas de Meta como “gravísimas”.
El enfrentamiento entre el gobierno brasileño y Meta marca un nuevo capítulo en el debate global sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en la lucha contra la desinformación y el discurso de odio.
