El Gobierno de Perú calificó este sábado de “inaceptable” la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordenó a los jueces peruanos abstenerse de aplicar la ley de amnistía para militares, policías y miembros de comités de autodefensa investigados por delitos cometidos durante el conflicto armado interno (1980-2000).
La presidenta Dina Boluarte, quien promulgó la polémica norma en agosto pasado pese a la advertencia del organismo internacional, respondió con un comunicado en el que advirtió que el país “seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. Incluso, planteó la necesidad de revisar las normas que regulan la actuación de la Corte.
El pronunciamiento del Ejecutivo sostuvo que la Convención Americana de Derechos Humanos establece que el sistema interamericano tiene carácter “subsidiario y complementario”, por lo que —según Lima— no puede intervenir mientras no se hayan agotado las instancias judiciales internas.
Perú defendió además que su historia reciente estuvo marcada por el terrorismo, en cuyos años “los derechos humanos de todos los peruanos fueron vilmente violados por delincuentes terroristas”, justificando así la lucha armada del Estado.
El rechazo a la Corte IDH reaviva la posibilidad de que el país se retire del Pacto de San José, un escenario que solo han concretado Trinidad y Tobago, Venezuela y Nicaragua. Para reforzar esa postura, Boluarte nombró como ministro de Justicia a Juan José Santiváñez, abogado de policías acusados de ejecuciones extrajudiciales, y creó un grupo de trabajo para impulsar un “proyecto de Ley de Soberanía Nacional”.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) alertó que la amnistía “borra décadas de lucha por justicia y verdad”, y que más de 150 condenas y 600 procesos judiciales por violaciones de derechos humanos podrían quedar sin efecto.
La Corte IDH, por su parte, mantiene la suspensión de la ley hasta emitir un pronunciamiento definitivo.











Otros dicen que la soberanía del país está por encima de cualquier corte internacional y que Perú tiene derecho a decidir sus leyes
Mucha gente entiende que el Gobierno está queriendo blindar a militares y policías sin importar las violaciones de derechos humanos
Ese tema está picante en Perú porque la Corte IDH lo que busca es que no se borren delitos graves con una amnistía