El Gobierno colombiano declaró la emergencia económica luego de que el Congreso rechazara la más reciente reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo. La medida fue oficializada la noche del lunes 22 de diciembre mediante el Decreto 1390, firmado por el presidente Gustavo Petro y todos los miembros de su gabinete.
Con esta declaratoria, el Ejecutivo queda facultado para expedir decretos con fuerza de ley durante un período de 30 días, con el fin de atender el déficit fiscal que, según estimaciones oficiales, alcanza los 16,3 billones de pesos y pone en riesgo la operatividad del Estado de cara a 2026.
El decreto se ampara en el artículo 215 de la Constitución, que permite al presidente adoptar medidas extraordinarias en circunstancias excepcionales. Sin embargo, la decisión ha provocado debate político y jurídico, especialmente por el uso de esta herramienta tras el fracaso legislativo de una reforma clave.
Uno de los argumentos centrales del Gobierno está relacionado con el sistema de salud. El Ejecutivo sostiene que enfrenta serias limitaciones presupuestarias para cumplir una orden de la Corte Constitucional que exige equiparar al 95 % la Unidad de Pago por Capitación (UPC) entre los regímenes contributivo y subsidiado. En 2022, esta cobertura se situó en 88,9 %, lo que, según el Gobierno, compromete la sostenibilidad del sistema.
La emergencia económica también contempla recursos adicionales para seguridad. El Ministerio de Defensa calcula que se necesitan al menos 2,7 billones de pesos para reforzar la capacidad tecnológica y la infraestructura de la Fuerza Pública, especialmente en zonas afectadas por la violencia y la presencia de grupos armados ilegales.
Asimismo, el Ejecutivo prevé un aumento del gasto destinado a la protección de líderes sociales y candidatos políticos. La Unidad Nacional de Protección (UNP) estima que requerirá cerca de un billón de pesos adicionales para ampliar los esquemas de seguridad, en medio de un contexto marcado por el incremento de amenazas y ataques.













También preocupa que se use la emergencia como atajo ante la falta de consenso
Para algunos es positivo porque permite tomar decisiones sin tanta traba política
La declaración de emergencia muestra que el Gobierno busca una salida rápida a la crisis fiscal