Presión social impulsa el uso de la prisión preventiva en América Latina

Buenos Aires.- Bajo la mirada del Dr. Hugo César Giménez, director de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa Pública del Paraguay, la prisión preventiva se revela como un desafío estructural que trasciende lo normativo. El especialista examinó la relación entre las medidas cautelares y el respeto a las garantías judiciales en América Latina destacando que prisión preventiva —una medida cautelar de carácter excepcional que implica la restricción de la libertad de una persona acusada antes de una sentencia firme— continúa siendo uno de los temas más sensibles en los sistemas de justicia penal latinoamericanos. 

El arraigo cultural y la presión social como factores determinantes

Para el Dr. Giménez, la alta frecuencia de la prisión preventiva responde a un fenómeno con fuerte arraigo cultural, donde el encarcelamiento temprano se percibe como solución inmediata frente a la inseguridad. Señaló que no se trata solo de un problema normativo, sino de una dinámica social que incide directamente en las decisiones judiciales. Advirtió que, ante la presión pública, muchos jueces optan por mantener la prisión preventiva hasta resolver el proceso, antes que asumir el costo social de una liberación. Esta tendencia se agrava por la debilidad institucional para supervisar medidas alternativas, lo que convierte la prisión en la respuesta “por defecto”. No obstante, insistió en que la dignidad humana y la presunción de inocencia deben preservarse incluso en contextos de alta conmoción social.

“Si el juez, por alguna razón, por alguna circunstancia, decide liberar a una persona y la sociedad considera que no debió ser así, probablemente el juez reciba mucha presión social a los efectos de que lo vuelva a ingresar. Por ende, antes que la discusión, generalmente, los jueces de la región, según entiendo yo desde mi perspectiva personal, consideran más viable mantenerlo en prisión hasta que pueda resolver su caso o su situación procesal, y a partir de ahí tomar una decisión si es inocente o culpable”, señaló.

Fortalecimiento del Estado de derecho

El Dr. Giménez sostuvo que garantía y eficiencia no son conceptos incompatibles, sino complementarios, bajo la premisa de que un sistema que respeta el debido proceso y la defensa técnica es intrínsecamente más eficaz. Desde esta perspectiva, subrayó la necesidad de proteger la dignidad humana frente a enfoques de “derecho penal del enemigo”, rechazando cualquier concepción que posicione al ordenamiento penal como una herramienta de control social. Para el especialista, la esencia de esta materia jurídica debe ser, ante todo, una barrera de contención: “Después de todo, el derecho penal tiene una función específica, que es ser el límite al poder punitivo del Estado”, dijo.

La inteligencia artificial como herramienta de justicia

Asimismo, el también docente de la Universidad Nacional de Asunción, sostuvo una visión pragmática sobre la integración tecnológica en la justicia y defendió el uso estratégico de la inteligencia artificial y el análisis de datos como herramientas para diseñar políticas criminales más justas y eficientes. Aclaró que la tecnología no sustituye la sensibilidad humana, pero sí puede aportar evidencia estructural para la toma de decisiones.

“Forma parte de esa era de aprender a desaprender (…) la ingeniería de los prompt. Es decir, cómo conversar y cómo gestionar actividades con la inteligencia artificial”, indicó.

La entrevista concluyó con un llamado a que los Estados latinoamericanos avancen en políticas públicas integrales, que combinen reformas normativas, capacitación judicial y garantías de acceso a la defensa, con el objetivo de consolidar sistemas de justicia penal que respeten el debido proceso y los derechos humanos.

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