HATO MAYOR .- La jueza María del Carmen García, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Hato Mayor, impuso un año de prisión preventiva en contra de los miembros de una red criminal que se dedicaba al secuestro y extorsión, liderada por dos miembros de la Policía Nacional, los agentes son los nombrados Elvis Esnaider Romero y Harold Aracena, y los civiles Darwin Rafael Ortiz, Luis Felipe Ventura y Wilfredo Núñez Arias, y declaró el caso complejo.
La red criminal está acusada de intentar secuestrar en fecha 12 de agosto de 2023 al dominicano José Luis Maldonado López, luego de penetrar a su residencia, ubicada en el municipio Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor, haciéndose pasar por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Maldonado López fue sacado de su morada por los miembros de la organización criminal y colocado en uno de los dos vehículos en los que realizaban el acto ilícito, dirigiéndose posteriormente con destino a Santo Domingo, precisó el Ministerio Público.
Con relación a este caso, el presidente de la DNCD, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, negó que los imputados formaran parte en el pasado o en la actualidad de dicha Dirección.
En el lugar de los hechos, se ocuparon pertrechos militares como chalecos antibala y gorras de la Dirección Nacional de Control de Drogas, así como aparatos electrónicos, armas de fuego, entre otras herramientas que fueron utilizadas para la comisión del ilícito.
La jueza María del Carmen García, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Hato Mayor, impuso la prisión preventiva a ser cumplida en la Cárcel Pública localizada en la Fortaleza Pedro Santana de la ciudad de El Seibo, tras la presentación de las cintilas probatorias suficientes por los fiscales de la Fiscalía de Hato Mayor, Josué David Cedeño y Wilson Santana José.
En tanto, que la fiscal titular de esta provincia, Marleni Guante, resaltó la rapidez de respuesta de la desarticulación de la red y dijo que continúan las investigaciones, con técnicas especiales y el cuerpo técnico investigativo de la Unidad Antisecuestro de la Procuraduría General de la República.
