Luego del fracaso de la reunión de este miércoles con el gobierno, los sindicatos franceses anunciaron una nueva jornada de protestas contra la reforma de pensiones aprobada por el Ejecutivo de Emmanuel Macron.
Este reciente llamado a las calles será decisivo para mantener la presión mientras se aguarda la decisión del Consejo Constitucional, órgano de interpretación de la Carta Magna francesa, que el próximo 14 de abril tendrá que validar o no la ley tras su aprobación el pasado 16 de marzo sin el voto del Parlamento.
A la espera de ese veredicto, por el momento el Gobierno se ha mostrado inflexible respecto al mantenimiento de un texto que tiene por eje central el retraso de la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años.
“Tenemos que ser muy numerosos mañana (este jueves) para exigir la retirada de esa reforma injusta y llevar la movilización hasta el final, hasta que el Gobierno entienda que no hay otra salida que retirar el texto”, sostuvo la nueva líder de la Confederación General del Trabajo (CGT), Sophie Binet, al término del infructuoso encuentro intersindical con la primera ministra, Élisabeth Borne.
La incidencia de los paros y el nivel de asistencia a las manifestaciones de este jueves puede ofrecer un nuevo termómetro sobre si el pulso social será capaz de mantener su intensidad a pesar de los intentos del Ejecutivo por pasar la página y tranquilizar al país.
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