En los últimos cuatro años, la violencia contra la mujer en América Latina ha alcanzado niveles alarmantes. Según ONU Mujeres, al menos siete mujeres mueren cada día víctimas de violencia machista en la región. Esta tendencia se ha incrementado desde el inicio de la pandemia de COVID-19, en contraste con Europa, donde los índices de violencia contra las mujeres disminuyeron en el mismo período.
Entre 2020 y 2023, aproximadamente 15,000 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 26 países de América Latina y el Caribe, según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL. Las tasas de feminicidio más altas per cápita se registraron en Honduras, República Dominicana, El Salvador, Uruguay Bolivia.
Brasil, en particular, reportó más de 1,400 feminicidios solo en el último año. En Colombia, se contabilizaron al menos 109 feminicidios en los primeros cinco meses de 2023, mientras que en México se promedian dos feminicidios por día, y Brasil encabeza las estadísticas con cuatro mujeres asesinadas diariamente por razones de género.
A pesar de estas desalentadoras cifras, ha habido avances significativos en el reconocimiento y la protección de los derechos de las mujeres en América Latina. La «Convención de Belém do Pará», firmada hace tres décadas por países como Colombia, Argentina, México y Brasil, ha sido un marco fundamental en este progreso. Gloria Camacho, experta del MESECVI, comenta que ha habido avances en el reconocimiento de los derechos humanos y en la lucha contra la violencia de género, gracias al compromiso y las contribuciones del mecanismo de monitoreo de la Convención.
Sin embargo, a pesar de la existencia de leyes y normas diseñadas para proteger a las mujeres, como la Ley 1257 de 2008 en Colombia, persisten serias deficiencias en la implementación de estas leyes. María Cristina Hurtado, coautora de esta ley y defensora de los derechos humanos, destaca que no se están proporcionando a las mujeres las estructuras institucionales necesarias. Esto incluye la falta de equipos interdisciplinarios formados en violencia de género y de servicios y herramientas en las Comisarías de Familia para poder privar de la libertad a los agresores intrafamiliares cuando se evalúa un alto riesgo de feminicidio.
Para abordar esta crisis, es crucial:
1.Fortalecer las Instituciones: Mejorar las capacidades de las Comisarías de Familia y otros organismos encargados de proteger a las mujeres, asegurando que estén equipados con personal capacitado y recursos suficientes.
2. Implementar Políticas Efectivas: Asegurar la efectiva implementación de las leyes existentes y crear mecanismos de monitoreo y evaluación para verificar su cumplimiento.
3. Promover la Educación y la Conciencia: Fomentar programas educativos y campañas de concienciación para cambiar las actitudes y comportamientos que perpetúan la violencia de género.
4. Mejorar el Acceso a la Justicia: Garantizar que las mujeres víctimas de violencia tengan un acceso rápido y efectivo a la justicia y a los servicios de apoyo.
En conclusión, aunque se han hecho progresos importantes en la lucha contra la violencia de género en América Latina, queda mucho por hacer para garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres. Es fundamental un esfuerzo continuo y coordinado entre gobiernos, instituciones y la sociedad civil para lograr un cambio significativo y duradero.
