El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionó hoy la nueva ley de cuotas, con una vigencia de 10 años, que amplía las plazas reservadas en la universidad para estudiantes de bajos ingresos, negros e indígenas.
La nueva ley de cuotas actualiza los criterios de la anterior ley, vigente desde 2012 y que reserva un 50 % de las plazas en universidades públicas para estudiantes procedentes de la red pública y con una renta familiar baja, a ser distribuidas entre negros, indígenas y personas con deficiencia.
«Por primera vez, el hijo de la empleada doméstica puede convertirse en doctor», sostuvo Lula en un discurso en el palacio presidencial de Planalto.
El gobernante, que no tiene formación universitaria, recalcó que «la educación emancipa y libera» solo si se abren «las puertas de la enseñanza pública, gratuita y de calidad a todos los brasileños y brasileñas».
De acuerdo a las nuevas normas, si un estudiante puede entrar a la universidad directamente por sus calificaciones, no se le computará para las cuotas, que se reservarán para los alumnos que no tengan la nota necesaria.
Por otro lado, se incluye por primera vez como beneficiarios de las cuotas a la población quilombola, los descendientes de los esclavos emancipados.
Además, se rebajó el tope de ingresos para los beneficiarios por condición económica, que ahora es de 1.320 reales (unos 268 dólares (SIN: o 250 euros), en vez de los 1.980 reales actuales.
La ley, aprobada en 2012, abrió las puertas de la educación superior pública a 1,1 millones de estudiantes en la última década, más de 108.000 tan solo en 2022, un aumento del 167 % respecto al año de aprobación de la norma.
En su discurso, Lula desmintió que la ley de cuotas haya provocado una disminución del nivel de las universidades, subrayando que los estudiantes beneficiados «tienen una tasa de permanencia de un 10 % superior al del resto de los estudiantes».
La nueva ley de cuotas en Brasil, sancionada por Luiz Inácio Lula da Silva, es un paso importante hacia la equidad educativa.
La ampliación de plazas reservadas para estudiantes de bajos ingresos, negros e indígenas promueve la diversidad y la inclusión.
La reducción del tope de ingresos para los beneficiarios por condición económica refleja una atención a la realidad financiera de las familias.
La actualización de los criterios de la ley anterior refleja un compromiso continuo con la mejora de la educación y la igualdad de oportunidades.
La inclusión de descendientes de esclavos emancipados amplía la base de beneficiarios de las cuotas, abordando inequidades históricas.
La reducción del tope de ingresos para los beneficiarios por condición económica refleja una atención a la realidad financiera de las familias.
El aumento del 167 % en estudiantes beneficiados desde la aprobación de la norma en 2012 es un indicador positivo de su impacto a lo largo del tiempo.
La reserva de cuotas basadas en criterios étnicos y económicos podría dar lugar a tensiones y debates sobre la equidad en la admisión.
La falta de mención de medidas complementarias para mejorar la calidad de la educación pública puede plantear preocupaciones sobre la efectividad a largo plazo.
La vigencia de la ley por 10 años podría limitar la flexibilidad para ajustarla en función de cambios en la sociedad y la educación.
La afirmación de Lula de que la ley no ha disminuido el nivel de las universidades puede ser objeto de interpretaciones y críticas.