Este sábado es el sexto día consecutivo de protestas a nivel nacional en Panamá, donde las personas piden la derogación de la ley aprobada por el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo que autoriza una concesión minera a la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, para la explotación de cobre en una mina a cielo abierto.
Un grupo de unas ocho embarcaciones con manifestantes intentó ingresar a las instalaciones del puerto de actividad minera Punta Rincón, donde opera Minera Panamá. La compañía calificó este hecho como «violento» e «ilegal» y llamó a las autoridades a pronunciarse al respecto.
«Nos preocupa profundamente este incidente, que representa una amenaza significativa para nuestras operaciones y la seguridad de nuestro personal. Hacemos un llamado a las autoridades competentes para salvaguardar el bienestar de nuestros trabajadores, proteger las instalaciones y preservar la integridad de nuestras operaciones comerciales», informó la empresa en un comunicado.
Este viernes, el presidente panameño firmó un decreto ejecutivo prohibiendo el otorgamiento de nuevas concesiones en el ámbito de la minería metálica en el país.
No obstante, ello no logró convencer al pueblo ni calmar los ánimos en las calles, y por todo el país continúan registrándose cierres de carreteras y marchas multitudinarias.
«Vienen familias completas, porque sabemos que es un daño que no se recupera en muchos años, y el Gobierno tiene que darse cuenta de que no queremos la minería», dijo al equipo de RT en Español una de las manifestantes en la Ciudad de Panamá.
«Mi opinión es que el presidente no ha salido para decir nada, no ha informado nada, y simplemente se está tapando y se está encerrando en su casa», sostuvo otra panameña que acudió a la marcha antigubernamental. «Realmente él no nos ha dado ninguna solución al problema que él ha creado», resumió.
«Ese contrato se tiene que eliminar», defendió otro manifestante. «Sr. Laurentino Cortizo, elimine ese contrato, ¡hágalo por el pueblo! Así que no queremos contratos mineros. ¡No a la mina!», expresó. Los congregados en la Ciudad de Panamá también denunciaron la corrupción, confesando sentirse cansados y «aburridos del abuso» de sus líderes políticos.
Se recuerda que el controvertido contrato entre el Estado y Minera Panamá quedó habilitado por el Parlamento nacional el pasado 20 de octubre. El convenio es la extensión de un acuerdo firmado en 1991 entre el país y la compañía, que tiene antecedentes de inconstitucionalidad.
Por otro lado, la mina donde se permitió la explotación de cobre está ubicada en Donoso, en una zona forestal de la provincia de Colón, a unos 120 kilómetros de Ciudad de Panamá.
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