La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica solicitó este martes a la Asamblea Legislativa el retiro del fuero de improcedibilidad del presidente Rodrigo Chaves, para que pueda ser procesado judicialmente por presuntos actos de corrupción vinculados al uso de fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Según un comunicado oficial, la medida también incluye al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, quien figura junto a Chaves en la acusación presentada por la Fiscalía General de la República. La decisión fue adoptada en una sesión extraordinaria y privada del pleno de la Corte, con 15 votos a favor y 7 en contra.
Los hechos están relacionados con una denuncia formalizada en abril, en la que la Fiscalía sostiene que bajo la influencia de Chaves se desvió un pago de 32.000 dólares —provenientes de fondos aportados por el BCIE— hacia uno de sus asesores, a través de la empresa RMC La Productora S.A.
El contrato original, financiado con 405.000 dólares del BCIE, fue otorgado a dicha firma para brindar servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica y análisis de opinión pública a la Presidencia de la República para el periodo 2022–2026. Según la acusación, dicho contrato fue diseñado con fines políticos encubiertos.
El delito por el que se pretende procesar a Chaves es concusión, que según el Código Penal costarricense consiste en el abuso de poder para desviar bienes o beneficios públicos hacia terceros. Esta infracción está penada con hasta ocho años de prisión.
La solicitud marca un hecho inédito en la historia democrática reciente de Costa Rica, ya que es la primera vez que la Corte Suprema pide retirar la inmunidad de un presidente en funciones por causas relacionadas con corrupción.
Además del caso relacionado con fondos del BCIE, la Fiscalía también investiga a Chaves y su entorno por financiamiento electoral ilegal durante su campaña presidencial de 2022. Sobre este segundo expediente, la Corte anticipó que evaluará por separado la posible solicitud de levantamiento de inmunidad.
La Asamblea Legislativa, integrada mayoritariamente por fuerzas opositoras, deberá debatir y votar si retira el fuero al presidente y al ministro de Cultura. Hasta el momento, no se ha establecido un plazo específico para que el Congreso se pronuncie.
El caso genera un fuerte impacto político e institucional y será seguido de cerca por distintos sectores dentro y fuera del país. Tanto la Fiscalía como la Corte han reiterado su independencia y el compromiso con el debido proceso.
en RD eso no pasa, aquí hay gente blindá de por vida
eso sí es institucionalidad, allá nadie está por encima de la ley
si hay pruebas, que le quiten el fuero y lo sienten en el banquillo
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