Las autoridades de Corea del Sur suspendieron el intento de arrestar al presidente suspendido Yoon Suk-yeol luego de un enfrentamiento de varias horas con su equipo de seguridad. El Servicio de Seguridad Presidencial bloqueó el acceso de los investigadores a la residencia de Yoon, argumentando restricciones vinculadas a secretos militares.
Esto llevó a la Oficina de Investigación de la Corrupción a declarar la ejecución de la orden «prácticamente imposible» debido a preocupaciones por la seguridad. Yoon enfrenta cargos de insurrección y abuso de poder por su declaración de ley marcial el 3 de diciembre, la cual desató la mayor crisis política en décadas en Corea del Sur.
Miles de sus seguidores se han manifestado frente a su residencia exigiendo la revocación del impeachment, mientras que sus críticos acusan al presidente suspendido de obstruir la justicia. La orden de arresto contra Yoon, vigente hasta el 6 de enero, pone en aprietos a las autoridades en un contexto de tensiones crecientes.
El Tribunal Constitucional, que deberá decidir si confirma la destitución de Yoon o restaura su autoridad presidencial, tiene un plazo de seis meses para emitir su fallo. Mientras tanto, el presidente interino Choi Sang-mok gestiona un país dividido, con protestas tanto a favor como en contra de Yoon. Si es declarado culpable, Yoon podría enfrentar cadena perpetua o incluso la pena de muerte.
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