Según el legislador, estos trabajadores, al aportar al desarrollo del país, deberían contar con permisos legales que respalden su estancia laboral, de forma similar a otros países con sistemas organizados de inmigración.

“Yo me suscribo en esa tesis o en esa idea, yo creo que realmente los que vienen a trabajar hay que legalizarle, organizarle su permiso, como siempre ha ocurrido en este país”, afirmó Arredondo, sugiriendo la implementación de un sistema de visas temporales para quienes deseen trabajar en la República Dominicana.

En su declaración, el diputado subrayó la necesidad de que los trabajadores extranjeros ingresen con documentos en regla y obtengan una visa de trabajo o de turismo.

«Si no tienen documentos es otra cosa, pero si no, que le saquen documentos en su país y con una visa temporal pudieran hacer un gran trabajo aquí», señaló, destacando la importancia de un marco legal para garantizar un flujo migratorio ordenado.

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«Fue una decisión muy personal porque realmente nada vincula y no está establecido en ninguna ley que un funcionario público tenga que presentar una factura ante la Dirección de Recursos Humanos», manifestó Gómez.

El legislador perremeísta también resaltó que es responsabilidad y no una obligación de cada ser humano (no solo de un funcionario público) «cumplir con su deber», es decir, pagar la luz, la energía eléctrica y el agua.

Ayer, el Gobierno aclaró que la disposición del ministro del MAP, Sigmund Freud, no constituye una medida obligatoria, sino un llamado voluntario. 

«Mira, esa disposición no tiene una intención… y solamente puede tenerla sí voluntaria, no puede tener ninguna penalidad ni ninguna consecuencia. Lo que busca es incluso en algunos casos, a los empleados públicos que tienen nivel salarial más bajo, hasta poder hasta apoyarlos con el bono luz. Esa disposición no tiene mayores consecuencias que dar el ejemplo, que coordinar. Creo que el MAP está dando también una aclaración en el día de hoy.  Eso pudiese tener incluso efectos positivos para los de menor nivel con el apoyo de bono luz y no tiene nada obligatorio».

Asimismo, el MAP señaló que no se aplicará ninguna sanción ni régimen de consecuencias para aquellos servidores públicos que decidan no participar en este ejercicio.

Desde que se anunció el pasado jueves 31 de octubre, la iniciativa ha recibido críticas y rechazo tanto de sectores civiles como de la oposición política, quienes argumentan que vulnera la privacidad de los empleados públicos.

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El legislador entiende que este es el momento de afianzar el crecimiento económico para convertirlo en desarrollo, ya que el país necesita seguir enviando señales claras y de certidumbre a los inversionistas locales y extranjeros.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha reconocido nuestro nivel de crecimiento y las calificadoras de riesgo ven en nosotros un país fuerte y que ha manejado con eficiencia la deuda pública. Ahora bien, también sugieren que hagamos las reformas que afianzarán nuestro camino hacia el desarrollo”, consideró el diputado.

El legislador confía en que la propuesta que presentará el Gobierno será la más adecuada y oportuna para garantizar un crecimiento que se exprese en una mejoría en la calidad de vida de los dominicanos.

“Estamos seguros de que será una propuesta para mejorar los ingresos, pero para invertirlos en que cada dominicano pueda tener más y mejores oportunidades”, dijo.

Destacó el interés del Gobierno de lograr que los proyectos de infraestructura que requiere República Dominicana sigan ejecutándose en el tiempo posible, pero sobre todo en las zonas más urgentes.

“Este Gobierno, que lidera el presidente Luis Abinader, tiene bien claro su misión de garantizar un desarrollo equitativo entre los dominicanos. Esta gestión ha sido coherente en apoyar a los sectores más vulnerables y en ofrecer garantías a los inversionistas para que sigan generando oportunidades de desarrollo con empleos de calidad”, expresó.

Consideró, de igual manera, que la informalidad sigue siendo un gran reto de la economía dominicana, por lo que entiende que la reforma ayudará a mejorar la relación entre los empleos formales e informales.

“Todos debemos trabajar para garantizar que más empresas se formalicen, pues así se garantiza una mejor calidad de vida para la gente y una disponibilidad de recursos para garantizar obras y servicios desde el Estado”, sostuvo.

Llamó a la población, en especial a los empresarios, a confiar en el gobierno y en la propuesta de reforma fiscal. Su llamado, según afirma, lo hace porque confía en la gestión de gobierno y en los resultados que traerá una transformación profunda del sistema tributario, pero también garantizando una mejoría en la calidad del gasto.

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El Partido Revolucionario Moderno (PRM) considera que los partidos politicos deben de reinventarse y que la JCE está para cumplir la ley y no para favorecer partidos políticos, el diputado Aquilino Serrata del partido Fuerza del Pueblo consideró que es un error político del PRM minimizar a los partidos.

De su lado, la diputada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Ruddy Méndez, afirmó que el oficialismo no quiere que el 20% sea nacional sino donde la jurisdicciones determine, considera que esto se debe al miedo del PRM de que se creen alianzas.

Luego de que unos 14 partidos depositaran en la junta central electoral un recurso de revisión en búsqueda de dejar sin efecto la resolución 13-23 sobre la reserva del 20% de las candidaturas, el órgano electoral dio a conocer cuando realizarán la primera prueba local del sistema de cómputos electoral.

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Los denunciantes Ramón Emilio Jiménez Collie, Fernando Crisóstomo, José Arturo Ureña y Frixo Mesina Arvelo contaron en interrogatorios con los fiscales de la Pepca que“Goris” Moya ejerció como coordinador de la recolección del dinero irregular.

Una de las teorías del Ministerio Público es que el entramado de corrupción, con personas claves en el Ministerio de Hacienda,se dedicaba a extorsionar a grandes y pequeñas cadenas de bancas de lotería y deportivas, a las cuales les cobraban una mensualidad para permitirles operar.

Ramón Emilio “Mimilo” Jiménez, principal delator del caso Calamar, informó a los fiscales que Sergio Moya tenía tiempo diciendo que Fernando Crisóstomo, el primer coordinador de esa estructura, los vivía engañando con la recaudación. “Pero resultó que no era como Gory pensaba”, expresó a los fiscales.

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