La institución dispuso que las causas que justifican el traspaso de las armas son “por cese en las operaciones de la empresa propietaria, por liquidación o por esta estar impedida de continuar prestando servicios de vigilancia y seguridad privada por disposición de la autoridad competente”.

“(Estas armas) sólo serán transferibles, cuando el traspaso opere entre empresas de vigilancia y seguridad por causa justificada que deberá ser autorizado por el MIP previa solicitud motivada y por escrito de traspaso”, explicó.

La decisión fue adoptada mediante la Resolución Núm. MIP-RR-0001-2023 para la aplicación del Decreto 30-23, que autoriza la importación de armas de fuego y municiones para el uso exclusivo de las empresas de seguridad privada, el cual fue emitido por el Poder Ejecutivo el pasado 7 de febrero y con el que se derogó el 309-06 que desde hace 17 años prohibía la entrada legal de armas de fuego al país.

Interior y Policía señala en el artículo 3 de la resolución que la cantidad de armas a aprobar para la importación por parte de las armerías autorizadas, será determinada por la necesidad de las empresas de vigilancia y seguridad privada registradas a la emisión del Decreto Núm. 30-23 y se permitirá la cantidad de municiones en función de las necesidades propias del sector. En ambos casos será con previa solicitud por escrito con la justificación de la cantidad a autorizar.

“Las solicitudes de autorización de importación serán evaluadas por la Dirección de Comercialización de Armas y Municiones del MIP de conformidad con la ley los reglamentos y las normativas vigentes que rigen la materia, para ser autorizados por del Ministro del MIP”, indica la resolución.

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En la misa, oficiada por el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, también se entregaron placas de reconocimiento póstumo a los familiares de los fenecidos agentes.

Al destacar la labor, pasión y valentía exhibidas por los caídos agentes, el ministro Jesús Vásquez Martínez anunció que los familiares no serán abandonados a su suerte, sino que el actual gobierno los acompañará y brindará todo el apoyo que necesiten.

De su lado, el director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, lamentó que, hasta la llegada del presidente Abinader, no se había cumplido con las familias de los agentes, quienes habían sido abandonados a su suerte sin darle cumplimiento a la Ley 590-16.

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