De acuerdo a Sánchez, diputado del PLD, el ofícialismo participó en la comisión solo para cumplir un protocolo ya que habían predecidido presentar un informe acusatorio de faltas graves para justificar su acusación frente al Senado, lo que conllevaría a un juicio político.

«Ellos presentaron su informe que ya estaba preelaborado y lo aprobaron con la mayoría mecánica que tienen en la comisión», dijo el legislador. «Nosotros estaremos presentando un informe disidente para que sea el hemiciclo que delibere al respecto», agregó.

Los miembros de la Cámara de Cuentas están concluyendo su período

Los miembros de la Cámara de Cuentas son electos por un período de cuatro años, en este sentido, sacarlos ahora implica renovar ese órgano por los próximos cuatro años.

De acuerdo al politólogo David La Hoz, «la oposición entiende que ganará las próximas elecciones, por tanto, quieren esas plazas».

«El gobierno, ni la oposición están trabajando para institucionalizar ese importante órgano», aseguró La Hoz.

Se recuerda que ayer el Partido Revolucionario Moderno (PRM) anunció su respaldo a la decisión de la comisión especial de la Cámara de Diputados de recomendar al pleno de dicho órgano legislativo proceder con la apertura de juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas.

«Resulta inexplicable que la oposición política prefiera que continúe la inoperancia y descrédito de un órgano del estado fundamental para la transparencia y buen uso de los fondos públicos, quienes se oponen al juicio político se oponen a la transparencia», afirmó el PRM en un comunicado.

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La información de las acusaciones los dio el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien sostuvo que las faltas son calificadas como graves y que son merecedoras de ser enfrentadas y debatidas en un juicio político, como lo recomendó la comisión.

Según Pacheco, en la Cámara de Cuentas se hicieron importantes auditorías que fueron guardadas por algunos miembros de la institución con el fin de «ocultarlas».

Además, resaltó que en la Cámara de Cuentas se hacían nombramientos y relevo de personal de forma irregular y sin consultarlo con los demás funcionarios que dirigen la entidad, como confirmó la comisión.

Entre los mismos miembros titulares también hubo usurpación de funciones porque, como dijo Pacheco, cuando el presidente de la Cámara de Cuentas cerraba una sesión, otros miembros abrían otra sin su consentimiento.

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Durante un breve contacto con miembros de la prensa, Rogelio Alfonso Genao, presidente de la comisión, detalló que la decisión se aprobó con 9 votos a favor de los 11 miembros que estuvieron presente. Los seis faltantes presentaron excusas.

Este informe pasará al pleno de la Cámara de Diputados, quien tendrá la elección final de si procede o no el juicio político. Para ello se requieren dos terceras partes de la matrícula, es decir, 127 de los 190 diputados.

Legisladores e la Fuerza del Pueblo entienden que las condiciones no están dadas para que se rinda un informe, y acusaron al oficialista de querer destituir al pleno actual, encabezado por Janel Ramírez, para instaurar uno que responsa a sus intereses.

“Los miembros de la Cámara de Cuentas con la alta responsabilidad que tienen de fiscalizar a nivel externo los recursos del estado deberían todos alinearse y que los problemas puedan resolverse dentro del pleno”, afirmó Tobías Crespo, diputado por el partido Fuerza del Pueblo.

En tanto que diputados oficialistas afirmaron estar listos para ofrecer los resultados de las investigaciones realizadas a la Cámara de Cuentas.

En el mismo orden, el diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y miembro de la comisión, Rosendy Polanco aseguró que “a la fecha no se ha tomado ninguna decisión, pero nos estamos adelantando, yo digo qué hay que esperar a que el presidente rinda la declaración de lo que decida la Comisión”.

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A través de un comunicado oficial, publicado por la Cancillería peruana, el Gobierno de Dina Boluarte valoró las «facultades constitucionales» de Lasso e hizo votos para que los comicios anticipados «permitan al pueblo ecuatoriano asegurar el mantenimiento de la gobernabilidad política y la paz social».

En Ecuador la «muerte cruzada» permite al jefe de Estado disolver la Asamblea Nacional si considera que está obstaculizando su capacidad para gobernar. La ley especifica que el jefe de Estado debe convocar elecciones presidenciales y legislativas en un plazo máximo de siete días desde que la decreta.

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La medida se da un día después de que empezará en la Asamblea Nacional un juicio político en su contra por su presunta participación en el delito de peculado, señalamientos que siempre han sido rechazados por el mandatario.

«He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo No. 741. Además, he solicitado al CNE la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos”, sostuvo el mandatario en cadena nacional a primera hora de la mañana de este miércoles.

La «muerte cruzada» es una figura legal que le permite al presidente disolver la Asamblea Nacional para convocar posteriormente a elecciones, a fin de renovar los Poderes Legislativo y Ejecutivo.

La medida, amparada por la Constitución ecuatoriana, permite que los poderes tengan la potestad de disolverse mutuamente por una sola vez en los primeros tres años de gestión presidencial, lo que activaría nuevamente elecciones generales.

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Al empezar su defensa, el mandatario señaló que este proceso en su contra es «una inventiva sin parangón en la historia de la Republica».

«Lamento mucho que del frágil castillo de naipes que construyeron durante cinco meses o más, no les quedó que conformarse con la carta más débil» para buscar su destitución, agregó.

Minutos antes de acudir a la sede del Parlamento, ubicado en el centro de Quito, el mandatario señaló que este proceso se trata de un «juicio sin pruebas».

«Los ecuatorianos nos exigen que solucionemos sus problemas cotidianos y pongamos fin a una irracional confrontación que agota la paciencia de la población, que incrementa el desasosiego y debilita nuestra democracia», manifestó.

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La resolución que permite continuar con este trámite contra el mandatario, fue aprobada con 88 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones.

La resolución establece: «Enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza, por la infracción constitucional de peculado, prevista en el numeral segundo del artículo 129 de la Constitución».

Esa resolución, en la que se señala que sí existen las pruebas sobre el delito que acusan al mandatario, fue presentada al comienzo de la sesión de este martes por la asambleísta Viviana Veloz, una de las que solicitó en marzo pasado el inicio del proceso contra el presidente.

Una vez aprobada la medida, ahora le corresponde al presidente del Congreso, Virgilio Saquicela, fijar la fecha para el proceso. Asimismo, el Parlamento debe notificar a Lasso al respecto.

El caso pasó a ser decidido por todos los legisladores de la Asamblea Nacional luego de que la Comisión de Fiscalización y Control Político del Parlamento no logró aprobar su informe sobre el juicio político, que iba a ser remitido al pleno para su discusión.

Ese informe, según había adelantado el viernes el titular de esa Comisión, Fernando Villavicencio, recomendaba no avanzar con el proceso, al concluir que el mandatario no habría incurrido en el presunto delito de peculado del que se le acusa.

El mandatario del país suramericano es señalado de haber cometido malversación de los fondos públicos. por un contrato firmado entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker Pool, una firma internacional que es dueña de buques para transporte petrolero.

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Luego de diez días de testimonio, dicho documento determinó que la evidencia no cumplía con los criterios constitucionales de responsabilidad política por el presunto delito de peculado para acusar a Lasso, uno de los pocos presidentes favorables al mercado que quedan en América Latina.

El borrador del informe de 298 páginas, que apoya la defensa de Lasso, presentó que no se ha probado que el presidente se haya beneficiado o haya beneficiado a terceros con fondos públicos.

La revisión obligatoria del lado de la Comisión de Fiscalización es parte del largo proceso de juicio político establecido en la Constitución de Ecuador de 2008, que incluye las pruebas de peculado como uno de los pocos delitos que permiten al Congreso destituir a un presidente en funciones.

Los partidarios del juicio político en el Congreso liderado por la oposición destacan que Lasso cometió peculado al celebrar contratos de transporte petroleros que involucraban a la empresa estatal FLOPEC, la única acusación que la Corte Constitucional de Ecuador permitió que se discutiera en el juicio político, desestimando otras acusaciones.

Fernando Villavicencio, el presidente del comité, mostrará el informe al panel completo de nueve miembros para una votación antes de que se envíe al presidente del Congreso, Virgilio Saquicela, para que continúe el juicio, expresó Villavicencio en un mensaje de texto

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Los cuatro proyectos de resolución tienen el propósito de crear equipos especiales de investigación y fueron depositados por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco y los legisladores José Horacio Rodríguez, Gustavo Sánchez y Juan Dionicio Restituyo.

En sus proyectos, los diputados quieren que el pleno de la Cámara de Cuentas asista al órgano legislativo para que, en comisión general y de manera personal, se escuchen los detalles de los conflictos internos en la institución, expuestos por su presidente, Janel Andrés Ramírez.

En concreto, el proyecto de Pacheco contempla la creación de una comisión especial para indagar en las «actuaciones recurrentes» de los funcionarios auditores y fue respaldado por el vocero del Partido Revolucionario (PRM) en la Cámara de Diputados, Julito Fulcar y el congresista Ramón Bueno.

De acuerdo con Pacheco, las denuncias y críticas a la Cámara de Cuentas han sido «recurrentes», por lo que su iniciativa busca que se «investigue todo lo relativo a lo que está aconteciendo en la institución».

No obstante, se mostró esperanzado en que la situación se resuelva para evitar la toma de medidas más drásticas contra el pleno de cinco titulares.

Por ello, esto el congresista no aseguró que las investigaciones conlleven a un juicio político, pero destacó que «se están dando los primeros pasos» para ejecutar la facultad constitucional, en caso de ser necesario.

Además, indicó que el hecho de que varios diputados sometan resoluciones similares, expone el «buen ánimo» de la Cámara Baja para que se investiguen las actuaciones de la institución fiscalizadora.

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«Soy inocente. En mi vida personal, profesional y pública siempre he actuado con recta intención. Por tanto, rechazo este juicio político, que huele muy mal», sostuvo el mandatario durante una cadena informativa la noche de este jueves.

En un mensaje a la nación donde apareció junto a su esposa, María Lourdes Alcívar, y delante de un nutrido grupo de ciudadanos con la bandera de Ecuador de fondo, Lasso acusó a la oposición, encabezada por el correísmo, de inventarse pruebas contra él para «tomar por asalto el poder y debilitar y destruir la democracia».

El pronunciamiento de Lasso se da un día después de que la Corte Constitucional diera luz verde a la realización del juicio político por peculado, pero no aceptó la acusación que también hacía la oposición por acusación.

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