La iniciativa establece que corredores y agentes de bienes raíces deberán operar con licencias oficiales, supervisadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). También se creará un Registro Nacional de Intermediarios Inmobiliarios y se implementará un Servicio de Geolocalización de Inmuebles Georreferenciados para verificar la legalidad de las propiedades. 

El proyecto contempla sanciones severas, incluyendo multas de hasta 50 salarios mínimos, suspensión de actividades y sanciones penales por fraudes. Además, introduce medidas como seguros de responsabilidad civil, regulación de honorarios y prohibición de publicidad engañosa. 

Espiritusanto destacó la urgencia de esta ley para proteger a los compradores, en especial a los dominicanos en el exterior, y fortalecer la confianza en el sector inmobiliario.

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A partir de ahora, el mandatario deberá proponer un candidato al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que podrá aprobar o rechazar la propuesta. Además, el presidente del Tribunal Constitucional se incorpora al CNM, mientras el PGR sale de este órgano.

La ley también establece que el CNM deberá ajustar su reglamento y proceder a la selección de un nuevo procurador en febrero, en sustitución de Miriam Germán. Asimismo, evaluará jueces de la Suprema Corte y seleccionará a los miembros del Tribunal Superior Electoral (TSE) en julio.

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El proyecto fue presentado por los senadores Ramón Rogelio Genao Durán (La Vega) y Ginnette Bournigal de Jiménez (Puerto Plata), con el objetivo de fortalecer el marco normativo para la gestión sostenible de residuos sólidos en el país.

Las modificaciones incluyen ajustes a los artículos 4, 16 y 17, así como la incorporación de los numerales 21-bis, 26-bis y 47-bis. Estas reformas buscan armonizar la relación entre el ser humano y su entorno, minimizando riesgos ambientales y mejorando la gestión de residuos para garantizar un ambiente saludable para las futuras generaciones.

El Senado reconoció que, desde la promulgación de la Ley 225-20, los avances en la reducción del impacto ambiental de los residuos sólidos han sido limitados, subrayando la necesidad de adoptar medidas más efectivas frente al creciente volumen de desechos generados por el aumento poblacional y los cambios en los patrones de consumo.

En segunda lectura, el Senado también aprobó modificaciones a la Ley 358-05, que regula la protección de los derechos del consumidor y usuario. Esta iniciativa, impulsada por el senador Antonio Marte (Santiago Rodríguez), refuerza las competencias sancionadoras de PROCONSUMIDOR, buscando garantizar equidad, seguridad jurídica y calidad en los bienes y servicios ofrecidos, tanto por entidades públicas como privadas.

El Pleno aprobó además el proyecto que designa con el nombre de Theodore Chasseriau al Bulevar Turístico del Atlántico, que conecta el cruce El Catey, en el municipio Sánchez, con el cruce El Limón en Samaná. Esta propuesta fue presentada por el senador Pedro Manuel Catrain.

El Senado ratificó siete nombramientos diplomáticos enviados por el Poder Ejecutivo, entre ellos:

      •     David Enmanuel Puig Buchel como embajador en Francia.

      •     María Amelia Marranzini Grullón como embajadora en Costa Rica.

      •     Flavio Amaury Rondón de Jesús como embajador en El Salvador.

      •     Iris Joseline Pujol Rodríguez como embajadora en Alemania.

      •     Alejandro Arias Zarzuela, embajador concurrente en Tayikistán (con sede en Rusia).

      •     Carlos de la Mota Jiménez como embajador en los Países Bajos.

      •     Yolanda Alexandra de Fátima Victoria Álvarez como embajadora en Antigua y Barbuda.

Durante la sesión, el Senado guardó un minuto de silencio en memoria del profesor Hugo Estrella Guzmán y de Miguel Ángel Bissié Romero, último sobreviviente del ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo.

El presidente del Senado convocó a una nueva sesión para este miércoles 8 de enero a las 2:00 de la tarde.

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Este debate ha generado posturas divididas tanto dentro como fuera del Parlamento, donde se congregaron manifestantes a favor y en contra.

La diputada laborista Kim Leadbeater, promotora del proyecto, argumentó que se trata de dar autonomía y dignidad a las personas en el final de sus vidas, destacando las estrictas garantías que incluiría la ley. Sin embargo, algunos parlamentarios señalaron que el proyecto carece de detalles y requiere más estudios antes de avanzar.

De aprobarse, el proyecto enfrentará varias etapas legislativas antes de convertirse en ley. Si se aprueba en 2025, Reino Unido se uniría a países como Canadá y Australia en legalizar esta práctica. Actualmente, ayudar al suicidio es ilegal en Inglaterra y Gales, con penas de hasta 14 años de prisión.

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La normativa establece severas medidas, como la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la prohibición de postularse a elecciones, la destitución inmediata de funciones, la confiscación de bienes y juicios en ausencia. Además, se estipulan penas de entre 25 y 30 años de prisión para quienes promuevan o participen en actos calificados como “agresiones” contra la nación.

La ley representa un nuevo paso del régimen para restringir las actividades de opositores y organizaciones no gubernamentales, intensificando la censura en medios tradicionales y digitales. 

Según el texto, medios de comunicación que difundan mensajes relacionados con sanciones podrán enfrentar multas multimillonarias o la revocación de sus concesiones.

Por ejemplo, las sanciones económicas pueden alcanzar el equivalente a entre 49 y 51,7 millones de dólares, dependiendo del tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Venezuela.

La legislación se suma a un creciente número de medidas represivas tras las elecciones presidenciales de julio, en las que Maduro fue proclamado vencedor en medio de acusaciones de fraude y falta de transparencia por organismos internacionales como Naciones Unidas y el Centro Carter.

El instrumento legal entrará en vigor tras su promulgación por el presidente Maduro y su publicación en la Gaceta Oficial. Antes, será enviado a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, conocido por su alineación con el régimen, para evaluar su constitucionalidad, según informó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.

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El proyecto, promovido por la diputada Nelsa Soraya Suárez, establece que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) debe ofrecer productos de alto valor nutricional en cantidad y calidad adecuadas, utilizando preferiblemente alimentos frescos y ajustados a los requerimientos nutricionales de los estudiantes.

La ley prohíbe la promoción, expendio o venta de productos ultraprocesados, con alto contenido de azúcares o sodio, así como bebidas azucaradas que no sean saludables para los niños.

«Los alimentos que se consuman en las escuelas deben cumplir su papel de proporcionar los nutrientes necesarios para el desarrollo físico e intelectual de los niños», señala el proyecto en su artículo 31.

Además, la normativa establece que los alimentos deben ser preparados en las mismas instalaciones de los centros educativos.

Si las escuelas no cuentan con espacios adecuados, las cocinas escolares no deben estar a más de mil metros de distancia del centro educativo.

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El artículo 12 bis establece que «Los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho de recibir educación, tal como lo establece la Constitución, y este derecho debe darse en un ámbito adecuado, lleno de paz y armonía; es por esto que se prohíbe en todas sus formas el acoso o intimidación escolar, conocido como ‘bullying’”.

En el párrafo I del artículo 12 bis se indica que los maestros, directores, personal de apoyo de las escuelas o colegios, así como los alumnos o padres de los alumnos que tengan conocimiento o sospecha de acoso, están en la obligación de denunciarlo a cualquier autoridad del centro escolar. Además, se les informará a los padres del niño, niña, o adolescente víctima del acto.

La normativa subraya que el bullying afecta el clima educativo en los centros de enseñanza públicos y privados, generando bajo rendimiento, fracaso escolar y problemas en el desarrollo social y emocional del afectado. En muchos casos, puede provocar una conmoción tal en la víctima que lo lleva a cometer suicidio.

La iniciativa, propuesta por el senador de la provincia Hato Mayor por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Cristóbal Venerado Castillo, destaca la necesidad de una norma que fortalezca la institución escolar, garantizando un espacio de socialización y desarrollo humano, y la formación académica y humana de las personas, libre de toda violencia.

Con esta aprobación, se da un paso significativo hacia la creación de entornos educativos seguros y libres de violencia, contribuyendo al bienestar y desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana.

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La pieza legislativa fue sometida este jueves por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

«Reiterás [en] el delito y vas preso. Se terminó la idea de que vos podés hacer una acumulación de delitos, cuando el primero por ahí tarda seis años la condena […]», sin que exista certeza de cuántas veces quebrantó la ley antes de terminar en la cárcel, dijo la funcionaria en una conferencia de prensa en la que se presentaron otros proyectos legislativos que amplían el rol de las Fuerzas Armadas y establecen penas de prisión para quienes organicen piquetes (cortes de calles).

Según Bullrich, la sensación de impunidad que existe es resultado de que las reincidencias en los delitos son frecuentes y, a menudo, los trasgresores pueden seguir quebrantando la ley antes de recibir una condena efectiva por el primer delito por el que fueron imputados.

A este respecto indicó que si la primera vez que alguien comete un delito es dejado en libertad, y posteriormente es capturado por la comisión de otro crimen cuya pena contemple el encarcelamiento, inmediatamente será enviado a una prisión. «Con esto cortamos la impunidad que siente la gente», argumentó. 

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La nueva ley de cuotas actualiza los criterios de la anterior ley, vigente desde 2012 y que reserva un 50 % de las plazas en universidades públicas para estudiantes procedentes de la red pública y con una renta familiar baja, a ser distribuidas entre negros, indígenas y personas con deficiencia.

«Por primera vez, el hijo de la empleada doméstica puede convertirse en doctor», sostuvo Lula en un discurso en el palacio presidencial de Planalto.

El gobernante, que no tiene formación universitaria, recalcó que «la educación emancipa y libera» solo si se abren «las puertas de la enseñanza pública, gratuita y de calidad a todos los brasileños y brasileñas».

De acuerdo a las nuevas normas, si un estudiante puede entrar a la universidad directamente por sus calificaciones, no se le computará para las cuotas, que se reservarán para los alumnos que no tengan la nota necesaria.

Por otro lado, se incluye por primera vez como beneficiarios de las cuotas a la población quilombola, los descendientes de los esclavos emancipados.

Además, se rebajó el tope de ingresos para los beneficiarios por condición económica, que ahora es de 1.320 reales (unos 268 dólares (SIN: o 250 euros), en vez de los 1.980 reales actuales.

La ley, aprobada en 2012, abrió las puertas de la educación superior pública a 1,1 millones de estudiantes en la última década, más de 108.000 tan solo en 2022, un aumento del 167 % respecto al año de aprobación de la norma.

En su discurso, Lula desmintió que la ley de cuotas haya provocado una disminución del nivel de las universidades, subrayando que los estudiantes beneficiados «tienen una tasa de permanencia de un 10 % superior al del resto de los estudiantes».

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Las piezas legislativas fueron depositadas por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, quien, en el despacho del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, explicó los pormenores de ambas iniciativas.

El proyecto que tipifica y sanciona el delito de secuestro en todas sus modalidades, parte de la necesidad de actualizar la configuración penal para hacer frente a las mutaciones que ha venido experimentando el secuestro como conducta atentatoria de la libertad y seguridad personales.

La propuesta tipifica las diversas modalidades de secuestro, sus agravantes y atenuantes, la tentativa y amenaza de su comisión, así como el régimen de sanciones penales acorde con las circunstancias de su ejecución.

En tanto, que el proyecto de ley sobre violación y traspaso ilícito de la propiedad inmobiliaria tiene como objetivo, tutelar de forma integral, el goce, uso, disfrute y disposición del derecho de propiedad inmobiliaria en los ámbitos público y privado, y tipifica las conductas punibles que atentan contra ese derecho y establece un régimen de penas proporcionales, eficaces y disuasivas para prevenir y sancionar tales conductas.

El presidente Ricardo de los Santos, al recibir las piezas legislativas, garantizó se les dará el tratamiento correspondiente, y serán puestos en agenda para ser enviados a la Comisión permanente de Justicia del Senado, que preside Pedro Catrain, senador de Samaná por el PRM.

“Espero que estos proyectos seas aprobados, por la importancia que tienen; ya que su objetivo cumple con la demanda de la sociedad dominicana, que es la implementación de mecanismos que garanticen la seguridad ciudadana”, expresó Ricardo de los Santos.

Al momento de hacer entrega de los proyectos de ley, el consultor jurídico, Antoliano Peralta, explicó que el Poder Ejecutivo mantiene un arduo trabajo en coordinación con el Ministerio Público, en el tratamiento del tema de la prevención y represión del delito en la República Dominicana.

“En consecuencia, espero que los honorables legisladores emitan su voto favorable sobre estos importantes proyectos de ley que someto a su consideración”, dijo el funcionario.

Antoliano Peralta estuvo acompañado del subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Pedro Luis Montilla.

Al recibir la comitiva del Poder Ejecutivo, el presidente Ricardo de los Santos, se hizo acompañar del senador de Samaná Pedro Catrain, y el Consultor Jurídico del Senado, Alejandro Peña Núñez.

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