La solicitud de extradición presentada por la Procuraduría General de la República Dominicana, relacionada con la muerte del recluso Alejandro Vidal, fue desestimada por carecer de fundamento, según explicó su abogado Tomás B. Castro Monegro. El abogado afirmó que la acusación no tiene pruebas materiales y que la solicitud no mencionaba la amenaza a Miriam Germán.

La solicitud de extradición había sido vinculada a la presunta orden de Pimentel García para la muerte de Alejandro Vidal, quien falleció tras ingerir un jugo verde con veneno, presuntamente suministrado por otro reo bajo su orden.

Sin embargo, el abogado de «La J» destacó que la acusación de ordenar el asesinato de Vidal carece de pruebas y se basa en especulaciones. Según el abogado, el tribunal español, al analizar el caso, determinó que no había fundamentos para la extradición, lo que resultó en la liberación de Pimentel García.

Pimentel García, conocido por su vinculación al narcotráfico, enfrentaría cargos en la República Dominicana por homicidio y otros delitos relacionados con el tráfico de drogas.

A pesar de las acusaciones, su abogado asegura que la justicia española actuó correctamente al liberar a su cliente, señalando que las acusaciones en su contra no tienen base sólida. La detención de «La J» en España tuvo lugar en mayo de 2024.

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Los fiscales mantienen un paro escalonado desde el viernes, exigiendo mejores condiciones laborales y el fortalecimiento del sistema judicial.

Soraine de Vargas, representante de Fiscaldom, confirmó la participación de los miembros de la asociación en el encuentro, esperando obtener una respuesta favorable a sus demandas.

De lo contrario, advirtieron que continuarán con sus protestas, que incluyen una vigilia programada para este martes frente a la Procuraduría General.

El paro ya ha afectado audiencias en todo el país, con interrupciones de labores el viernes y lunes desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. Fiscaldom insiste en que sus reclamos son fundamentales para mejorar la justicia en la República Dominicana.

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En una carta enviada al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, Germán afirmó que ni ella ni la Procuraduría General han emitido opinión alguna sobre los requisitos y mecanismos de designación del procurador general de la República, ni sobre el Consejo Superior del Ministerio Público.

La comunicación, fechada el 12 de agosto, deja constancia de que Germán no ha participado en la discusión del proyecto que, según el gobierno, busca «apuntalar la democracia» en el país. 

Este pronunciamiento ocurre en medio de un debate nacional sobre la reforma propuesta por el presidente Luis Abinader, quien ha asegurado que su iniciativa no tiene fines políticos.

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Germán Brito, quien dejará su cargo el 16 de agosto, destacó que permitió a cada procurador fiscal actuar dentro de su jurisdicción, interviniendo solo cuando era necesario para definir directrices claras y proteger los derechos de las poblaciones más vulnerables.

Germán Brito reconoció que su visión de la justicia no siempre fue compartida por sus colegas, pero se mantuvo firme en no ceder ante presiones de sectores que consideran la justicia como un juego de intereses individuales.

Admitió que en muchas ocasiones tuvo serias diferencias con sus pares, logrando consenso en algunas situaciones y no llegando a acuerdos en otras.

A pesar de estos desafíos, destacó la importancia de la autonomía de cada fiscal en su gestión.

Un aspecto especialmente desafiante para Germán Brito fue la implementación de la transparencia, la cual describió como más difícil de lo que esperaba debido a conductas enraizadas.

A lo largo de sus cuatro años al frente del Ministerio Público, se esforzó por mantener la transparencia y la integridad, aunque encontró resistencias significativas en este ámbito.

Al concluir su gestión, Germán Brito expresó su satisfacción por el trabajo realizado. En su última rendición de cuentas, enfatizó que, a pesar de las dificultades y las diferencias internas, se mantuvo fiel a sus principios y a su visión de una justicia que protege los derechos de los más vulnerables y actúa con transparencia y responsabilidad.

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Lorenzo argumentó que el Ministerio Público se siente «acorralado» por los errores en los casos de corrupción que afectan principalmente a miembros del anterior gobierno del PLD. Según el senador, los acuerdos realizados por el Ministerio Público demuestran que el Poder Ejecutivo está influyendo en sus acciones.

«Vamos a citar a Miriam Germán no solo para que hable sobre los acuerdos, sino también para que explique las intimidaciones que el Ministerio Público está realizando contra los periodistas en la República Dominicana. El comunicado emitido hoy por el Ministerio Público es un intento de silenciar a los periodistas y la prensa nacional», declaró Lorenzo.

El Ministerio Público, en su comunicado, defendió los acuerdos alcanzados en los tribunales y afirmó que en ninguno de ellos han participado miembros de su entidad. Además, subrayaron que no se detendrán ni se dejarán intimidar por campañas nacionales e internacionales.

Lorenzo expresó su sorpresa por estos pronunciamientos, especialmente tras la designación de un nuevo embajador de Estados Unidos en la República Dominicana y la información proporcionada al senador estadounidense Benjamin Cardin sobre el funcionamiento del Poder Judicial dominicano.

El vocero del PLD destacó la importancia de garantizar la independencia de las instituciones y proteger el derecho a la libre expresión. «Es fundamental que el Ministerio Público actúe con transparencia y sin influencias externas. La libertad de prensa es un pilar de nuestra democracia y no podemos permitir que se vea amenazada», afirmó Lorenzo.

El senador también criticó el comunicado del Ministerio Público, calificándolo como una defensa de quienes defraudaron al Estado y un incentivo a la impunidad. «Este comunicado no es más que una defensa a quienes defraudaron al Estado, lo que constituye un incentivo a la impunidad», enfatizó Lorenzo.

Lorenzo hizo un llamado a sus colegas en el Senado para que apoyen la resolución y aseguró que continuará vigilante ante cualquier intento de intimidación o censura hacia los medios de comunicación. «La ciudadanía debe estar informada y los periodistas deben poder realizar su labor sin miedo a represalias», concluyó Lorenzo.

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La magistrada  General expresó que no le haría preguntas al jurista Félix María Tena de Sosa, ya que este es un empleado  de la Procuraduría desempeñando una labor General como jefe de gabinete.

Se recuerda que Miriam Germán se inhibió este miércoles de entrevistar a su yerno en la audiencia del Consejo Nacional de la Magistratura, quien compite por una vacante en el Tribunal Constitucional.

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La audiencia está programada para iniciar a partir de las 9:00 de la mañana. En la instancia, el Ministerio Público solicita al tribunal 18 meses de prisión y que el caso sea declarado de tramitación compleja contra Daniel Alfredo Paulino Cáceres, Fernando Divari Cruz Valerio y Charles Wilson Mosquea Ovalles.

El apresamiento de Paulino Cáceres se produjo en el distrito municipal Cenoví, de la provincia Duarte, mediante los allanamientos de la Operación Halcón IV.

Durante su apresamiento se le ocuparon 14 paquetes de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso de 16 kilos; también, una pistola marca Glock, 9 milímetros, la suma de $994,000 pesos (novecientos noventa y cuatro mil) y 3,127 dólares estadounidenses en efectivo.

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De acuerdo a una fuente relacionada con la investigación, por razones de seguridad, la magistrada fue trasladada a una zona más segura y con mayor vigilancia.

No obstante, por recomendaciones de los organismos de seguridad del Estado, Germán Brito no dió a conocer la dirección de su nueva residencia, debido a las amenazas personales provenientes de grupos vinculados al «crimen organizado».

Las amenazas contra la procuradora están enlazadas a Joel Ambioris Pimentel García, conocido como «La J», quien es señalado por los fiscales como el líder de una red que opera y controla el nuevo sistema carcelario de la República Dominicana.

El pasado 6 de junio, Germán Brito informó que recibió amenazas directas contra su hijo por parte de una persona que advirtió que no tocaran a sus asociados en las cárceles.

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Al ser abordada por la presunta Germán Brito se abstuvo de ofrecer explicaciones sobre el proceso de investigación, asegurando tratar el caso «con discreción».

«Lo que a mí me afectó fue alguien que me mandó un mensaje por WhatsApp diciéndome que, si le tocaban a su gente, no sé quiénes son sus gentes en las cárceles, eso se iba a resolver con sangre y que no era la mía, y que quien escribía me lo dijo así mismo, «Yo le puedo mandar a matar su hijo» «, expresó la magistrada.

Según informaciones la procuradora ha recibido amenazas de un narcotraficante dominicano residente en España, que presuntamente controla la venta de drogas en varias cárceles de República Dominicana.

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El acuerdo fue firmado en la sede la JCE por su presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo, y por la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, en presencia de los miembros titulares del Pleno Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Fernández Sánchez, Patricia Lorenzo Paniagua y Samir Chami Isa y el secretario General, Sonne Beltré Ramírez, además del director de Prisiones, Roberto Hernández Basilio.

Mediante el convenio el órgano electoral y del registro civil proveerá equipos para el empadronamiento y la actualización de información biométrica en los centros de reclusión, así como el uso del sistema multibiométrico en los procesos de consultas e identificación de personas, imputación y privados de libertad. La PGR tendrá acceso a los mecanismos de consultas en la base de datos de la JCE.

El presidente de la JCE calificó la firma del acuerdo como “un paso histórico dentro de la transparencia democrática y la eficiencia de los derechos” que, aseguró, deben ser garantizados, “no en los papeles”, sino de manera real y efectiva.

Jáquez Liranzo destacó la importancia del apoyo para la identificación de la identidad a través del mecanismo de biometría porque permitirá, primero, que los privados de libertad de manera preventiva que no tienen la pérdida de ningún tipo de derecho fundamental salvo lo propio que señala el proceso penal, puedan ejercer el sufragio activo para las elecciones de 2024 tal y como existe en otros países el voto penitenciario.

Germán Brito destaca convenio a favor de las personas desfavorecidas de la sociedad.

De su lado, la procuradora general de la República, Mirian Germán Brito, destacó la importancia del convenio considerando que reconoce derechos consagrados en la Constitución en favor de personas desfavorecidas de la sociedad que no podían ejercer el derecho al voto por no estar registradas ni tener manera de que constaran sus datos.

“La cuestión del derecho al voto tiene una larga historia de exclusión. Por ejemplo, las mujeres fuimos excluidas por muchos años y no hace tanto que se nos reconoció el derecho al voto.

Esto es importante porque esas personas sienten que pueden hacer valer su opinión, su esperanza en favor de tal o cual candidato que creen que responde mejor o tiene mayor preocupación por su situación”, dijo Germán Brito.

Colaboración interinstitucional en el proceso del establecimiento del voto penitenciario

En el convenio, el Ministerio Público establece que requiere de la implementación de un Sistema multibiométrico que facilite la gestión, resguardo y consulta, para fortalecer la identificación de personas e imputados, además del control de privados de libertad, en los procesos de investigación, judicialización o de privación de libertad, permitiendo incrementar la capacidad y calidad persecutora limitando las acciones de los delincuentes y criminales que traten de ocultar su verdadera identidad al ser detenidos o investigados.

En el acuerdo la JCE se comprometió a apoyar y colaborar con equipos y sistemas informáticos al Ministerio Público.

Para el funcionamiento de la modalidad del acceso a la información, tanto la JCE como la PGR se comprometieron a desarrollar una interfaz de consulta para que el órgano judicial pueda acceder al Archivo Maestro de Cedulados vía web, a través de una aplicación creada para consultar en línea durante procesos de empadronamiento, identificación o actualización de identificación de personas de manera que pueda tener acceso a cualquier registro de la Base de Datos, incluyendo información biométrica en modalidad de consulta.

De su lado, el Ministerio Público se comprometió a disponer de las facilidades, personal y medios tecnológicos y logísticos necesarios para la lectura, registro y proceso de información biométrica procurando el aprovechamiento máximo, tanto de los equipos como de los mecanismos provistos por la JCE para procurar la identificación e individualización de personas, imputados y privados de libertad.

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