Estos fondos provienen de bienes decomisados en casos de narcotráfico y lavado de activos.

La procuradora general, Miriam Germán Brito, enfatizó la distribución transparente y responsable según la Ley de Lavado de Activos.

Además, anunció la venta de más de 90 inmuebles decomisados en el futuro. Del monto total, un 25 % fue para el Ministerio Público y organismos relacionados, y un 15 % para ONGs de prevención del consumo de drogas.

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El Ministerio Público solicitará la designación de un juez especial y ha iniciado el proceso disciplinario. Se presentaron solicitudes de medidas de coerción contra 12 personas involucradas en el caso.

Los fiscales piden prisión preventiva contra varios implicados, incluyendo a empleados de la Procuraduría General de la República y a miembros de la Policía Nacional.

Los fiscales que lideran la operación han solicitado la declaratoria de caso complejo y la imposición de prisión preventiva contra varios implicados, incluyendo a Mártires Rosario Reyes y Rubén Darío Morbán Santana, quienes ocupaban cargos en la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría General de la República, así como a Pilar Yrenes Medina Trinidad y Domingo Julio Santana Sánchez, empleados de la Procuraduría General de la República.

La operación desmanteló una red que realizaba el borrado de antecedentes penales a cambio de sobornos, beneficiando a sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales y otros criminales.

Entre los beneficiados se encuentran Joel Ambiorix Pimentel García y José Hamilton Ureña, quienes son considerados principales investigados en la Operación Halcón IV, y decenas de casos de crimen organizado.

Los imputados enfrentan cargos por asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos, entre otros delitos, en perjuicio del Estado dominicano.

La investigación ha contado con el apoyo de unidades especiales de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas en los allanamientos realizados en varias ciudades del país.

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La acusación contra la diputada, cuya familia es procesada por lavado de activos producto del narcotráfico, fue depositada ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en virtud del privilegio de jurisdicción que le corresponde a Pilarte, atendiendo a su función parlamentaria.

Rosa Amalia Pilarte es la esposa de Miguel Arturo López Florencio (Miky López), quien es acusado por el Ministerio Público de ser cabecilla de una supuesta red de lavado de activos.

El 21 de junio de 2021 el procurador adjunto Pedro Inocencio Amador Espinosa informó que estaba trabajando en la investigación abierta contra la diputada desde que el 11 de junio de ese mismo año, mediante el Auto 000051, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, le instruyó para llevar la investigación.

En ese entonces, el procurador adjunto, especializado en investigación de narcotráfico, de crímenes y delitos de alta tecnología y delitos transnacionales, recordó que Pilarte figura como imputada en el expediente contra su esposo Miky López y sus dos hijos, Ada María Pilarte y José Antonio Román.

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El acuerdo fue firmado en la sede la JCE por su presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo, y por la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, en presencia de los miembros titulares del Pleno Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Fernández Sánchez, Patricia Lorenzo Paniagua y Samir Chami Isa y el secretario General, Sonne Beltré Ramírez, además del director de Prisiones, Roberto Hernández Basilio.

Mediante el convenio el órgano electoral y del registro civil proveerá equipos para el empadronamiento y la actualización de información biométrica en los centros de reclusión, así como el uso del sistema multibiométrico en los procesos de consultas e identificación de personas, imputación y privados de libertad. La PGR tendrá acceso a los mecanismos de consultas en la base de datos de la JCE.

El presidente de la JCE calificó la firma del acuerdo como “un paso histórico dentro de la transparencia democrática y la eficiencia de los derechos” que, aseguró, deben ser garantizados, “no en los papeles”, sino de manera real y efectiva.

Jáquez Liranzo destacó la importancia del apoyo para la identificación de la identidad a través del mecanismo de biometría porque permitirá, primero, que los privados de libertad de manera preventiva que no tienen la pérdida de ningún tipo de derecho fundamental salvo lo propio que señala el proceso penal, puedan ejercer el sufragio activo para las elecciones de 2024 tal y como existe en otros países el voto penitenciario.

Germán Brito destaca convenio a favor de las personas desfavorecidas de la sociedad.

De su lado, la procuradora general de la República, Mirian Germán Brito, destacó la importancia del convenio considerando que reconoce derechos consagrados en la Constitución en favor de personas desfavorecidas de la sociedad que no podían ejercer el derecho al voto por no estar registradas ni tener manera de que constaran sus datos.

“La cuestión del derecho al voto tiene una larga historia de exclusión. Por ejemplo, las mujeres fuimos excluidas por muchos años y no hace tanto que se nos reconoció el derecho al voto.

Esto es importante porque esas personas sienten que pueden hacer valer su opinión, su esperanza en favor de tal o cual candidato que creen que responde mejor o tiene mayor preocupación por su situación”, dijo Germán Brito.

Colaboración interinstitucional en el proceso del establecimiento del voto penitenciario

En el convenio, el Ministerio Público establece que requiere de la implementación de un Sistema multibiométrico que facilite la gestión, resguardo y consulta, para fortalecer la identificación de personas e imputados, además del control de privados de libertad, en los procesos de investigación, judicialización o de privación de libertad, permitiendo incrementar la capacidad y calidad persecutora limitando las acciones de los delincuentes y criminales que traten de ocultar su verdadera identidad al ser detenidos o investigados.

En el acuerdo la JCE se comprometió a apoyar y colaborar con equipos y sistemas informáticos al Ministerio Público.

Para el funcionamiento de la modalidad del acceso a la información, tanto la JCE como la PGR se comprometieron a desarrollar una interfaz de consulta para que el órgano judicial pueda acceder al Archivo Maestro de Cedulados vía web, a través de una aplicación creada para consultar en línea durante procesos de empadronamiento, identificación o actualización de identificación de personas de manera que pueda tener acceso a cualquier registro de la Base de Datos, incluyendo información biométrica en modalidad de consulta.

De su lado, el Ministerio Público se comprometió a disponer de las facilidades, personal y medios tecnológicos y logísticos necesarios para la lectura, registro y proceso de información biométrica procurando el aprovechamiento máximo, tanto de los equipos como de los mecanismos provistos por la JCE para procurar la identificación e individualización de personas, imputados y privados de libertad.

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