A raíz de la operación Camigun, el cuerpo armado desarticuló una organización dedicada al tráfico de armas y drogas en las provincias de Córdoba y Sevilla, en la que arrestaron a 11 personas, las cuales contaban con antecedentes policiales y están acusadas de los delitos de tenencia ilícita de armas, depósito de armas de guerra, contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y defraudación de fluido eléctrico.

Además, se realizaron 15 registros simultáneos en los municipios de Puente Genil y Aguadulce, donde se intervinieron un fusil AK-47, cinco armas cortas, cargadores de alta capacidad, seis armas largas, un bolígrafo-pistola y abundante cartuchería metálica y no metálica.

También, se incautaron 1,2 kilos de cocaína, 1,54 kg de hachís, 900 gramos de MDMA, 100 gramos de heroína, gas de la risa, así como numerosas armas blancas, 106.000 euros en metálico y dos plantaciones de marihuana.

En tanto, en otra operación, la Guardia Civil incautó más de 4.400 kilos de hachís que se encontraban ocultos en dobles fondos de techos de los semirremolques de dos camiones frigoríficos en el puerto de Motril, en la provincia de Granada. Los compartimentos ocultos albergaban 72 cajones metálicos con las pastillas de hachís compactadas con silicona.

Por su lado, los agentes detuvieron el pasado viernes a los dos conductores de los vehículos, que provenían del puerto de Tánger, en Marruecos. Están acusados de tráfico de sustancias estupefacientes.

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De forma preliminar arrestaron a Carlos Revilla, exdirector de Provías Descentralizado, unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC); así como a los exfuncionarios de dicha institución, Alcides Villafuerte Vizcarra y Juan Enciso Torres; y al empresario Hugo Meneses Cornejo.

Asimismo, se inspeccionaron 11 domicilios y se incautaron seis bienes muebles e inmuebles en las localidades de Lima y Moquegua; región donde Vizcarra fue gobernador de 2011 a 2014.

Por su lado, el Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder señaló que los actos de corrupción se habrían producido entre marzo de 2018 y diciembre de 2020.

Igualmente, a Vizcarra y al resto de señalados los imputan por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos.

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De acuerdo a la Policía española, 49 personas fueron detenidas y se llevaron a cabo 14 registros, en los que se incautaron cuatro automóviles de alta gama, así como documentación relacionada con la investigación. Además, se bloquearon 84 vehículos y 55 cuentas bancarias con un saldo de más de 500.000 euros.

La red utilizaba sistemas complejos para evadir el pago del IVA. En particular, aplicaba de manera fraudulenta el Régimen Especial de Bienes Usados, al usar una empresa en Portugal para crear opacidad en la cadena comercial.

Otro método era constituir empresas ficticias para cometer fraude intracomunitario, «aprovechando las normas de la Unión Europea sobre transacciones transfronterizas.»

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Al menos tres personas fueron detenidas y, de acuerdo al Ministerio Público, se le encontraron mensajes que apuntan a un aproximado de 20 bebés vendidos con paradero desconocido, reportó el domingo el diario local Perú21.

«Se han hallado estos chats donde se decía que contaban con bebés recién nacidos y les ponían los apelativos de ‘machitos’ para los varoncitos y ‘hembritas’ para las mujercitas», detalló el fiscal Paulo Rivera Quispe, encargado de la Fiscalía de Trata de Personas.

La suma de la venta sería de 134 a 188 dólares, apuntó Rivera, quien no descartó que algunos neonatos terminaran destinados para rituales de sacrificio de niños en la forma conocida como pago a la tierra.

El pago a la Pachamama, como se le conoce en zonas del Perú, es una costumbre ancestral en la cual comunidades campesinas devuelven simbólicamente a la tierra lo que han sacado de ella. La ofrenda comprende hojas de coca, maíz, dulces, entre otros productos.

Este lunes el vocero del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Alberto Arenas Cornejo, indicó que por el número de infantes y por la edad se trata de un delito agravado de organización criminal.

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