El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia ha intervenido en el proceso de inscripción de candidatos para las elecciones generales previstas en agosto, luego de que una decena de recursos judiciales amenazaran con obstaculizar el desarrollo del proceso electoral y la participación de diversas fuerzas políticas.
Ante esta situación, el TCP instruyó a los tribunales departamentales a resolver con urgencia estos casos judiciales y aseguró que los comicios se realizarán en la fecha prevista.
Desde la entrada en vigencia de la actual Constitución en 2009, Bolivia adoptó un modelo de cuatro órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral. Pese a que el Órgano Electoral es independiente, ha enfrentado en los últimos meses la interferencia de otros poderes, especialmente del Judicial, lo que ha impedido incluso la renovación de cuatro de los nueve magistrados del propio Tribunal Constitucional.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha denunciado estas presiones y reclamado a la Asamblea Legislativa Plurinacional la aprobación urgente de una ley que proteja su labor institucional ante injerencias judiciales. La llamada Ley de Preclusión, ya aprobada en la Cámara de Diputados, busca blindar al TSE y garantizar que sus decisiones no sean judicializadas.
El vocal del TSE, Francisco Vargas, reveló que había considerado renunciar a su cargo por temor a represalias judiciales. “No quiero ir preso”, declaró en una entrevista con El Deber Radio, al explicar que podrían ser acusados por “desobediencia a resoluciones constitucionales” si no cumplen con decisiones judiciales contradictorias.
Vargas subrayó la necesidad de que el TSE cuente con un juicio de responsabilidades, al igual que otras altas autoridades del Estado. “¿Por qué los demás órganos tienen esa protección y nosotros no?”, cuestionó.
Mientras en el Senado liderado por Andrónico Rodríguez, de Alianza Popular se espera que la Ley de Preclusión sea debatida a finales de mayo, desde el oficialismo del Movimiento Al Socialismo (MAS) algunos legisladores consideran innecesaria dicha normativa. Argumentan que el TSE ya es independiente y no debería haber interferencia externa.
“Los órganos del Estado tienen todas sus competencias definidas por la Constitución. No se necesita blindaje. Lo que se requiere es que cada órgano actúe conforme a la ley”, afirmó Mario Seña, secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), organización fundadora del MAS.
Debido a la incertidumbre jurídica, aún no se ha iniciado oficialmente la campaña electoral. Además de elegir al sucesor del presidente Luis Arce, los bolivianos votarán por 166 integrantes de la Asamblea Legislativa.
“Es lamentable la incertidumbre total en que está la sociedad boliviana. Mucha gente piensa que no habrá elecciones”, expresó Seña. “La decisión democrática del pueblo debe estar por encima de cualquier interés político. Ya basta de interferencias externas”.
Publicaciones relacionadas:
Bolivia fija elecciones generales para el 17 de agosto de 2025
Evo Morales queda fuera de las elecciones presidenciales en Bolivia
TSJ confirma victoria de Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela
Tensiones entre Israel y Hamás ponen en riesgo el alto el fuego en Gaza
Presidente de Bolivia llama al pueblo a movilizarse ante intento de golpe de Estado
Bolivia ta’ en un lio institucional que ni con GPS se encuentra el orden constitucional.
¿Cómo es que el Tribunal Constitucional tiene que salir a poner orden? Eso se supone que lo tenga claro el sistema electoral.
Ese enredo de poderes en Bolivia parece un juego de “tú me tumbas, yo te tumbo”.
Desde que hay elecciones, salen los recursos judiciales como si fueran plagas… eso no es casualidad.
Dicen que el Órgano Electoral es independiente… pero a ese lo tienen más vigilao’ que a un preso con grillete.