El juicio contra cuatro hombres acusados de participar en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, comenzó este lunes en un tribunal federal de Miami, en Estados Unidos, con el proceso de selección del jurado.
Los acusados —Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages— enfrentan cargos por supuestamente participar en una conspiración para secuestrar y asesinar al mandatario haitiano.
El crimen ocurrió el 7 de julio de 2021 en la residencia privada del presidente en Pétion-Ville, en las afueras de Puerto Príncipe, donde un grupo de mercenarios —entre ellos 17 exmilitares colombianos— irrumpió en la vivienda y ejecutó el ataque.
Otro implicado en el caso, Christian Sanon, también estaba previsto para ser juzgado junto a los demás acusados, pero su proceso fue aplazado por motivos de salud y será programado para una fecha posterior.
Las investigaciones judiciales sostienen que el sur de Florida habría sido utilizado como centro de operaciones para planificar y financiar el complot destinado a derrocar a Moïse y colocar en el poder a un nuevo líder alineado con los intereses políticos y económicos de los conspiradores.
Según la acusación, el plan contemplaba que Sanon asumiera la presidencia de Haití tras la operación. Una vez en el cargo, supuestamente otorgaría contratos gubernamentales a una empresa ubicada en la ciudad de Doral vinculada a algunos de los acusados.
Además, se alega que Veintemilla aportó fondos para la operación a través de su empresa Worldwide Investment Development Group, con sede en Florida.
Hasta ahora, cinco personas ya han sido condenadas a cadena perpetua por su participación en el magnicidio, mientras que otra recibió una sentencia de nueve años de prisión. Se espera que varios de los condenados testifiquen durante el juicio junto con agentes federales.
En paralelo, más de medio centenar de personas han sido acusadas en Haití por su presunta vinculación con el asesinato del mandatario, entre ellas la viuda del presidente y varios de los exmilitares colombianos implicados. Sin embargo, el proceso judicial en ese país se encuentra prácticamente paralizado debido a la grave crisis de seguridad y la inestabilidad política.
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