El Gobierno de Trinidad y Tobago anunció la deportación masiva de al menos 200 inmigrantes venezolanos, en una medida ordenada por la primera ministra Kamla Persad-Bissessar, en medio del fuerte deterioro diplomático entre Puerto España y Caracas por la presencia de tropas estadounidenses en la frontera marítima venezolana.
Según reveló el diario local The Trinidad and Tobago Guardian, la decisión fue comunicada mediante un memorando firmado el lunes por el secretario permanente de Seguridad Nacional, Videsh Maharaj, quien instruyó a las autoridades a trasladar a todos los migrantes en situación irregular a centros de detención antes de proceder con su deportación.
La orden llega pocos días después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunciara la suspensión inmediata de los acuerdos gasíferos con Trinidad y Tobago, acusando al gobierno de Persad-Bissessar de “actitudes hostiles” y de pretender convertir la isla en un portaviones del imperio estadounidense.
Caracas sostiene que la medida de Puerto España responde a una “agenda guerrerista” de Washington, luego de que el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, denunciara una supuesta “operación de falsa bandera” en marcha, con participación de mercenarios vinculados a la CIA, capturados recientemente en territorio venezolano.
Maduro calificó a la primera ministra trinitaria como “alcahueta del imperialismo”, mientras su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, aseguró que las acciones del gobierno de Persad-Bissessar buscan “desestabilizar la paz regional” y justificar eventuales provocaciones militares.
El Ministerio de Seguridad Nacional trinitense, por su parte, no ha emitido declaraciones adicionales sobre los detalles logísticos o el destino de los venezolanos que serán repatriados, aunque fuentes locales indican que las operaciones de detención ya comenzaron en las zonas de Chaguaramas, Cedros y Port of Spain.
La medida ha generado preocupación en organismos humanitarios y defensores de derechos migratorios, que advierten sobre el riesgo de repatriar a personas que podrían enfrentar persecución o condiciones críticas en Venezuela, y que piden a las autoridades trinitarias garantizar el debido proceso y protección internacional a los solicitantes de asilo.
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