Los Ángeles – EFE Defensores de los derechos civiles en California hicieron este martes un llamado urgente a la comunidad migrante de Los Ángeles para que denuncie cualquier redada o detención sospechosa por parte de autoridades migratorias, luego de que un tribunal federal ratificara una orden que impide detenciones arbitrarias por parte de ICE y otras agencias federales.
“Si ven algo, digan algo”, insistió Mohammad Tajsar, abogado de la ACLU del Sur de California, durante una rueda de prensa. El jurista advirtió que los agentes federales no pueden actuar sin una causa razonable o con base en prejuicios raciales, según el fallo confirmado por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.
La decisión judicial llega tras semanas de intensas redadas en la región metropolitana de Los Ángeles y zonas rurales circundantes, impulsadas por la administración de Donald Trump como parte de su promesa de deportaciones masivas.
Triunfo legal para los migrantes
La demanda fue presentada por cinco trabajadores detenidos y respaldada por organizaciones como CHIRLA, UFW y La Red de Centros de Trabajadores de Los Ángeles. Acusan al gobierno de realizar arrestos “inconstitucionales” bajo una supuesta cuota arbitraria de detenciones.
El tribunal ordenó una restricción temporal que prohíbe las detenciones indiscriminadas en siete condados del sur de California, y abarca agencias como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Tajsar y otros abogados aseguran que vigilarán el cumplimiento estricto de esta orden, advirtiendo que cualquier intento del Gobierno de evadirla será llevado nuevamente ante los tribunales. La próxima audiencia del caso será el 24 de septiembre.
Testimonio de un afectado
Pedro Vásquez Perdomo, un inmigrante salvadoreño detenido durante uno de estos operativos, relató su experiencia en conferencia de prensa. Fue arrestado por hombres enmascarados cuando esperaba un transporte en Pasadena, el 18 de junio.
“Me trataron como un delincuente”, dijo Vásquez, quien es diabético. Denunció que pasó tres semanas en el sótano del edificio federal “B-18”, en condiciones precarias, sin atención médica ni acceso a baños. Aunque fue liberado bajo palabra, confesó que aún vive con miedo de ser detenido nuevamente solo por su apariencia.
“No quiero que el silencio sea nuestra historia”, afirmó, instando a otros afectados a hablar y denunciar.
Compromiso con la vigilancia ciudadana
Angélica Salas, directora de CHIRLA, aseguró que las organizaciones seguirán monitoreando los operativos migratorios. También reiteró que la denuncia ciudadana será clave para detectar cualquier violación a los derechos de los migrantes.
“Estamos preparados para seguir la lucha legal si el Gobierno vuelve a cruzar la línea”, dijo Tajsar.
