El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este domingo a los organismos de seguridad restaurar el orden en Los Ángeles, luego de varios días de protestas y enfrentamientos derivados de redadas migratorias, y dispuso la expulsión inmediata de inmigrantes en situación irregular.
“Lo que fue una gran ciudad estadounidense, Los Ángeles, ha sido invadida y ocupada por extranjeros ilegales y criminales. Ahora, violentas turbas insurrectas atacan a nuestros agentes federales para detener nuestras operaciones de deportación”, escribió Trump en su red social Truth Social.
El mandatario autorizó el despliegue de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional, tras dos días consecutivos de disturbios en distintos puntos de la ciudad. Las protestas se originaron luego de operativos de migración liderados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en los que se reportaron enfrentamientos, uso de gases lacrimógenos y múltiples arrestos.
En un memorándum presidencial difundido el sábado, Trump instruyó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; al secretario de Defensa, Pete Hegseth; y a la fiscal general, Pam Bondi, a coordinar todas las acciones necesarias para “liberar a Los Ángeles de la invasión migratoria y poner fin a los disturbios”.
En declaraciones a la prensa, Trump defendió el uso de medidas contundentes por parte de las fuerzas de seguridad. “Escupen a nuestros oficiales, ¿y saben lo que les lanzan? No vamos a tolerar eso. Ellos escupen, nosotros golpeamos. Nadie va a escupir a nuestros militares o agentes sin consecuencias”, afirmó el presidente.
El epicentro de los disturbios fue la ciudad de Paramount, donde manifestantes intentaron impedir detenciones masivas en una empresa local. Las protestas derivaron en enfrentamientos con agentes federales que utilizaron tácticas militares para dispersar a la multitud. Se reportaron personas heridas por balas de goma y granadas aturdidoras.
El Departamento de Seguridad Interna ha denunciado actos vandálicos contra edificios y vehículos oficiales, mientras que grupos de derechos humanos y organizaciones migrantes acusan al Gobierno de escalar innecesariamente la tensión en comunidades vulnerables.
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