La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP) imputó este miércoles al general retirado Mario Montoya Uribe y otros ocho militares, por crímenes de guerra y de lesa humanidad, al ser apuntados de cometer más de 130 ejecuciones extrajudiciales que fueron reportadas como «bajas en combate», en el departamento de Antioquia, entre 2002 y 2003.
Los crímenes atribuidos a Montoya y los demás uniformados forman parte del ‘Subcaso Antioquia I’ del ‘Macrocaso 03’, expediente que investiga crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas, como asesinatos y desapariciones forzadas, un patrón extendido del Ejército durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) y que es conocido también como ‘falsos positivos’.
La magistrada de la Sala de Reconocimiento de la JEP, Catalina Díaz, anunció en rueda de prensa que las investigaciones determinaron que Montoya, como comandante de la Brigada IV del Ejército, con sede en Medellín, impuso a sus subalternos la ejecución de ‘falsos positivos’.
«Los ‘falsos positivos’ en Antioquia no pueden entenderse sin el marco institucional de exigencia de mejores resultados operacionales, como parte de la política de seguridad de la época 2002-2003. En la Brigada IV, la presión por resultados se consolidó con el mensaje de presentar ‘muertes en combate’ como único indicador de éxito para obtener incentivos, recompensas y no ser trasladados o retirados del Ejército», expresó Díaz.
La magistrada sostuvo que «la presión por muertes en combate fue ejercida por el comandante de la Brigada, general retirado Mario Montoya, y por los comandantes de los distintos batallones, especialmente el Batallón de Infantería N°4 ‘Jorge Eduardo Sánchez’ (BAJES), sobre los miembros de las unidades tácticas a través de los programas radiales».
La JEP determinó que Montoya Uribe, quien luego fue jefe del Comando Conjunto Caribe y comandante del Ejército de Colombia, dio la «orden recurrente» y la «obligación» a sus subalternos de reportar el éxito de sus operaciones militares, en términos de ‘litros’, ‘chorros’, ‘ríos’, ‘barriles’, o ‘carrotancados’ de sangre. De las 130 víctimas documentadas, 11 eran niños, cuatro niñas, cinco mujeres y tres personas con discapacidad.
Además, de los 81 crímenes que confesaron los comparecientes ante la JEP, 33 víctimas fueron desaparecidas forzadamente y enterradas como personas no identificadas.
Es triste ver cómo el poder y la impunidad llevaron a crímenes tan horrendos. La justicia debe ser implacable.
Critico la falta de ética y humanidad en estos crímenes. La JEP está trabajando para enmendar estas atrocidades.
Apoyo a la JEP en su labor de desenterrar la verdad y garantizar que los culpables enfrenten las consecuencias.
Este caso demuestra la importancia de una justicia imparcial para responsabilizar a quienes cometieron atrocidades.
La imputación de Montoya es un paso importante en la búsqueda de la verdad y la reparación para las víctimas.
Los falsos positivos son una vergonzosa mancha en la historia de Colombia. Espero que la justicia prevalezca.
La JEP sigue trabajando para revelar la verdad y luchar contra la impunidad. Este es un paso hacia la justicia.
Los crímenes de guerra son inaceptables. La JEP está tomando medidas valientes para exponer la verdad y responsabilizar a los culpables.