El Ministerio Público de Perú abrió una investigación preliminar contra Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la mandataria Dina Boluarte, y Nixon Hoyos, alcalde del distrito de Nanchoc, por los supuestos delitos de colusión agravada y tráfico de influencias, en agravio del Estado.
Este martes el órgano comunicó en X que la indagación la encabeza el Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder y se efectúa tras la denuncia que involucra a los investigados en el supuesto favorecimiento de 20 millones de soles (alrededor de 5 millones de dólares) para obras públicas en Nanchoc.
La polémica se originó la noche del domingo anterior, cuando el programa ‘Cuarto Poder’ que transmite el canal local América Televisión, reveló que Hoyos asistió a la fiesta de cumpleaños de Boluarte Zegarra el 18 de octubre y nueve días después recibió los recursos estatales.
Por otro lado, el lunes la jefa de Estado resaltó que su hermano «no trabaja para el Estado» y por ende puede «recibir a quien se le pegue la gana [porque] es su cumpleaños».
«Lo raro sería que en ese cumpleaños se pactaran cosas ilícitas. Situación que no ha sucedido», agregó Boluarte en un acto oficial desde el Palacio de Gobierno de Lima.
El Ministerio Público de Perú está llevando a cabo una investigación preliminar relacionada con Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra y Nixon Hoyos por supuestos delitos de colusión agravada y tráfico de influencias en obras públicas en Nanchoc.
La investigación la lidera el Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder.
Los investigados supuestamente estuvieron involucrados en el favorecimiento de 20 millones de soles para proyectos públicos.
La polémica surgió después de que se revelara que el alcalde Hoyos asistió al cumpleaños de Boluarte Zegarra antes de recibir los recursos estatales.
La presidenta Dina Boluarte enfatizó que su hermano no trabaja para el Estado y defendió su derecho a recibir a quien quiera en su cumpleaños.
Ella afirmó que no se pactaron actividades ilícitas en la fiesta de cumpleaños.
El caso parece tener implicaciones significativas en la esfera política y legal en Perú.
La acusación de colusión y tráfico de influencias es un asunto serio en términos legales.
La independencia y la imparcialidad en las investigaciones son fundamentales para garantizar la justicia en estos casos.
La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales en la lucha contra la corrupción.
Este caso subraya la importancia de mantener la integridad en la administración pública y la toma de decisiones relacionadas con el gasto estatal.