A pocas semanas de culminar su mandato, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, emitió un decreto para que los expresidentes y exvicepresidentes, así como sus respectivos cónyuges, cuenten con seguridad una vez que terminen sus encargos.
De acuerdo al texto, el Estado ecuatoriano deberá «proporcionar protección y seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes de la República y a sus cónyuges, por periodos mínimos de dos años para el primero y de un año para el segundo».
La medida afecta «tanto dentro del territorio nacional como en el exterior», según se lee en la resolución.
El decreto establece además que estos plazos de protección personal podrán alargarse si la Casa Militar Presidencial así lo considera.
En agosto de 2021, Lasso ya había ordenado que la seguridad del Estado para expresidentes y exvicepresidentes solo fuese dentro del país y por plazo máximo de un año.
Sin embargo, el mandatario decretó hace meses la ‘muerte cruzada’, que dio paso a elecciones anticipadas ganadas por el joven empresario Daniel Noboa, quien asumirá el cargo en diciembre y deberá gobernar hasta el 25 de mayo de 2025.
stress relief
Este decreto podría ser un paso hacia la consolidación de un sistema de seguridad más sólido para exfuncionarios en Ecuador, pero también plantea preguntas sobre su financiamiento.
Es interesante ver cómo esta medida cambió tras la ‘muerte cruzada’. Lasso busca asegurarse de que él y su familia tengan protección por más tiempo.
Es interesante ver cómo esta medida cambió tras la ‘muerte cruzada’. Lasso busca asegurarse de que él y su familia tengan protección por más tiempo.
La Casa Militar Presidencial debería tener la última palabra en alargar la protección. La seguridad es dinámica y debe ajustarse según las circunstancias.
El plazo mínimo de dos años para los expresidentes es excesivo. Debería ser menos tiempo para ahorrar recursos.
«Me parece un acto de generosidad. La vida de los expresidentes no es fácil, y garantizar su seguridad es una medida sensata.»
«No estoy de acuerdo. ¿Por qué el Estado debe financiar la seguridad de exfuncionarios? Deberían ocuparse de otras necesidades del país.»
«Esta decisión de Lasso me parece un gesto de respeto hacia los expresidentes. La seguridad es esencial, incluso después de dejar el cargo.»
El nuevo presidente, Daniel Noboa, heredará estas políticas de seguridad al asumir el cargo en diciembre.
La decisión de Lasso plantea cuestiones sobre los recursos y responsabilidades del Estado en la protección de exaltos funcionarios.
Este decreto marca un cambio significativo en las políticas de seguridad para expresidentes en Ecuador.
Es interesante notar que esta medida se ajusta a las circunstancias políticas y la reciente ‘muerte cruzada’.
La medida busca garantizar la protección de quienes han ocupado los cargos más altos en el país.
La protección de líderes pasados es una cuestión de interés nacional y continuidad institucional.