La Fiscalía de Guatemala solicitó este viernes el antejuicio de mérito en contra del presidente electo del país, Bernardo Arévalo de León, y su vicepresidenta, Karin Herrera, por su aparente responsabilidad en el denominado ‘Caso de toma de la USAC: Botín Político’.
Según informó el Ministerio Público (MP) en un hilo publicado en su cuenta de X, la medida se extiende a los diputados en ejercicio Samuel Andrés Pérez Álvarez, del Movimiento Semilla —formación de Arévalo y Herrera—; Adán Pérez y Pérez, del partido indigenista WINAQ; y Carlos Alberto Barreda Taracena, del partido VOS; así como al congresista electo Raúl Amílcar Barrera Robles, adscrito al Movimiento Semilla.
La víspera, el fiscal regional Dimas Jiménez, con competencia en delitos contra el patrimonio cultural, comunicó a la prensa que tras recibir «diversas denuncias», el MP investigó los hechos que rodearon la toma de instalaciones de la Universidad de San Carlos (USAC) entre abril de 2022 y junio de 2023, en el contexto del rechazo a un procedimiento de elección de autoridades rectorales, y concluyó «la existencia de la comisión de hechos delictivos».
Saúl Díaz, jefe de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural, informó también sobre la aprehensión de 27 personas, en una lista que incluye tanto a estudiantes como a profesores de la USAC, así como a militantes de organizaciones con fines políticos, a los que se les imputan los delitos de usurpación continuada, sedición, depredación de bienes culturales y asociación ilícita.
El funcionario aseveró que según triangulaciones realizadas a partir de publicaciones en las redes sociales, Arévalo, Herrera y el resto de los hoy involucrados concurrieron al campus de la USAC con fines proselitistas de cara a las elecciones generales de julio de 2023, lo que justificaría la solicitud del retiro de la inmunidad de la que gozan, en su condición de parlamentarios en ejercicio
Respecto al asunto Bernardo Arévalo denunció que en Guatemala está en marcha «una regresión autoritaria», que pretende «perseguir a personas inocentes por sus opiniones y posturas políticas» y desconocer la voluntad popular expresada en las urnas.
La transparencia de la Fiscalía destaca su compromiso con el estado de derecho en Guatemala.
Es alentador ver que se toman medidas contra posibles casos de corrupción en la política guatemalteca.
La aplicación igualitaria de la ley es esencial para la justicia y la rendición de cuentas.
La investigación demuestra la importancia de mantener la integridad en el proceso democrático.
Reconozco el esfuerzo de las autoridades para garantizar la legalidad y prevenir la impunidad.
La justicia debe prevalecer, independientemente del cargo que ostenten los involucrados.
Valorizo la labor de la Fiscalía al abordar denuncias y actuar en consecuencia.
La democracia se fortalece cuando se investigan y abordan situaciones potencialmente perjudiciales.
Espero que este proceso legal contribuya a la transparencia y la justicia en Guatemala.
La esperanza radica en que este proceso legal contribuya a un sistema político más transparente y justo.
La regresión autoritaria denunciada destaca la importancia de proteger las instituciones democráticas.
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