Un tribunal militar en Pakistán condenó a 25 civiles a penas de entre dos y diez años de prisión por su participación en ataques a instalaciones militares durante los disturbios tras el arresto del ex primer ministro Imran Khan en 2023.
Las autoridades calificaron los incidentes como «terrorismo político» y aseguraron que buscan castigar también a los responsables intelectuales. Sin embargo, grupos de derechos humanos, como Amnistía Internacional, consideran el fallo una táctica para silenciar la disidencia.
Imran Khan, ex primer ministro y líder del partido Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), enfrenta múltiples cargos judiciales que él denuncia como políticamente motivados. Desde su destitución en 2022, Khan ha sido encarcelado varias veces, y su partido ha sufrido una amplia represión.
A pesar de esto, el PTI ganó la mayoría de los escaños en las elecciones de febrero, aunque fue excluido del poder por una coalición cercana al ejército.
El fallo del tribunal militar llega en un contexto de tensiones crecientes, con nuevas protestas de seguidores del PTI en Islamabad.
Khan enfrenta ahora acusaciones adicionales en un tribunal antiterrorista, lo que intensifica la crisis política en el país.
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